El avance de una poderosa economía ilegal no solo destruye bosques y ríos: también erosiona el sistema de propiedad, debilita la autoridad del Estado y pone en riesgo el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y con respeto a la ley.

La minería ilegal se ha convertido en uno de los mayores enemigos de la posibilidad de consolidar un verdadero Estado de derecho en el Perú. No se trata únicamente de una actividad económica fuera de la ley: se trata de una estructura que desafía el orden jurídico, quebranta el sistema de propiedad establecido en la Constitución Política del Perú, vulnera las leyes nacionales y desconoce los contratos firmados por el Estado con inversionistas y ciudadanos.

Pero el fenómeno no se limita al plano legal. La minería ilegal también intenta construir un relato político y social según el cual los pequeños mineros serían víctimas de las grandes inversiones nacionales y extranjeras, presentándose como sectores excluidos del desarrollo económico. Bajo ese discurso se busca justificar ocupaciones de concesiones formales y la expansión de actividades extractivas sin control ambiental ni tributario.

En realidad, esta economía ilegal funciona como una fuerza antisistema que erosiona gravemente las bases constitucionales del país. Hoy, según diversos informes, la minería ilegal de oro exporta alrededor de US$ 12,000 millones, una cifra que se aproxima al volumen de exportaciones de la minería formal de este mismo metal. A ello se suma un incentivo adicional: el precio internacional del oro continúa en ascenso y se estima que la onza de oro en el año 2026 superará los US$ 5,000, una cotización que convierte a la extracción ilegal en un negocio cada vez más atractivo.

Ante este escenario surge una pregunta inevitable: si el Estado peruano no logra restablecer el imperio de la ley y la Constitución en las zonas donde la minería ilegal pretende instalar verdaderas zonas liberadas, ¿cómo podrá detenerse este flagelo que amenaza tanto a la institucionalidad como al ambiente?

La discusión sobre la minería ilegal, por tanto, no puede reducirse a un debate económico. Se trata de un problema que involucra legalidad, sostenibilidad ambiental, justicia social y derechos fundamentales. Defender el orden constitucional, proteger los bosques y ríos y garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y con respeto a la ley son desafíos inseparables.

Frente a esta realidad, el país necesita una reflexión profunda y decisiones firmes. Porque cuando la ilegalidad se expande sobre el territorio, no solo se destruye el ambiente: también se debilita la esperanza de construir un Perú donde la ley, la naturaleza y la dignidad de las personas sean respetadas.