El abogado del Observatorio de Minería Ilegal advirtió que estos recursos alimentan campañas electorales y alertó que el 30 % de los planes de gobierno ignoran esta problemática.

El abogado César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal, se refirió al reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), el cual revela que la minería ilegal movilizó más de 11 500 millones de dólares solo durante el año pasado, una cifra que, según Ipenza, representa «recursos frescos» para financiar intereses políticos y perpetuar la impunidad.

Uno de los puntos más críticos señalados por Ipenza es la existencia de empresas que operan bajo el régimen de Pequeño Productor Minero (PPM), pero que en la práctica exportan volúmenes propios de la gran minería. Un informe conjunto de RPP Economía e IPE reveló que siete de los 25 mayores productores de oro del 2025 están bajo este régimen especial.

«Hay personas naturales y jurídicas que se aprovechan del régimen especial. Dicen ser pequeños mineros, pero en la práctica están exportando más allá de los grandes», dijo.

El abogado agregó que estas empresas operan sin la fiscalización adecuada del OEFA o de los gobiernos regionales, lo que genera una «competencia desleal» frente a la minería formal.