“Un Congreso que cuesta millones, pero que no nos representa, a pocas semanas del 12 de abril, tres legisladores de San Martín intentan permanecer en el Congreso de la República. La decisión final, una vez más, estará en nuestras manos. Legitimidad en caída y una democracia cada vez más debilitada.

En este 12 de abril, cuando los peruanos vuelvan a las urnas, conviene recordar que el verdadero poder legislativo no solo está en los congresistas, sino también en el superpoder del grupo de asesores que redacta proyectos de ley y que muchas veces termina protegiendo intereses económicos antes que el interés público. De ellos poco o nada comenta, analiza o cuestiona la prensa limeña, pero allí se decide buena parte del rumbo normativo del país.

El Congreso de la República del Perú atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Con niveles históricamente bajos de aprobación ciudadana, una cadena de cuestionamientos éticos, frecuentes inasistencias injustificadas, y una permanente conflictividad política, la institución legislativa se ha convertido en uno de los principales focos de desconfianza en el sistema democrático.

Para amplios sectores de la población, el Parlamento ha dejado de representar los intereses del país y, por el contrario, aparece como un espacio donde prevalecen agendas económicas particulares, cálculos políticos y presiones de grupos de poder.

Esta percepción no es gratuita. A lo largo de los últimos años, el desprestigio del Congreso ha sido alimentado por una combinación de factores que van desde legisladores investigados o cuestionados, hasta iniciativas legislativas que parecen responder más a intereses corporativos o económicos específicos que a políticas públicas de largo plazo. La consecuencia directa ha sido una creciente sensación de ineficiencia institucional, donde el Parlamento parece alejarse cada vez más de las prioridades reales de la ciudadanía.

Paradójicamente, mientras la legitimidad política se deteriora, el presupuesto del Congreso ha seguido una tendencia sostenida al alza. De acuerdo con información de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, entre los años 2016 y 2026 el gasto corriente del Legislativo pasó de S/ 607,643,610 a S/ 1,748,259,106, lo que representa un incremento de S/ 1,140,815,496, equivalente a 187.74% en once años, con un promedio anual de S/ 103,710,500 adicionales.

La mayor parte de estos recursos se concentra en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, que en el año fiscal 2026 alcanza S/ 1,201,941,979, es decir, el 68.74% del presupuesto total del Congreso. Este rubro ha crecido en S/ 799,715,255 en once años, lo que equivale a un aumento de 198.82%, reflejando el peso que tiene la estructura administrativa del Parlamento.

A esto se suma el crecimiento del gasto en Bienes y Servicios, que pasó de S/ 102,322,166 en 2016 a S/ 318,317,036 en 2026, un incremento de 211.09%, mientras que el servicio de mantenimiento de edificaciones, oficinas y estructuras registra uno de los aumentos más llamativos: de S/ 4,379,910 en 2016 a S/ 189,178,338 en 2026, lo que significa un salto de 4,219.23%.

Estas cifras reflejan una paradoja que incomoda al país: un Congreso cada vez más caro, pero cada vez menos legitimado por la ciudadanía. Mientras el presupuesto crece, la percepción pública sigue deteriorándose, alimentada por episodios de confrontación política, iniciativas legislativas controvertidas y la sensación de que el Parlamento no responde a los problemas estructurales del Perú.

En este contexto, han vuelto a cobrar fuerza las propuestas de reformas estructurales del sistema legislativo, entre ellas la reintroducción de la bicameralidad, como un intento de mejorar los mecanismos de deliberación, control y calidad normativa. Para algunos analistas, un sistema con dos cámaras podría ayudar a reducir la improvisación legislativa y fortalecer el debate institucional. Sin embargo, otros advierten que ninguna reforma institucional funcionará si no cambia la lógica política que domina el Parlamento.

Los súper asesores inamovibles desde los años noventas

Pero hay un aspecto del poder legislativo que rara vez aparece en el debate público: el rol determinante de los asesores parlamentarios. En la práctica, buena parte de los proyectos de ley, modificaciones normativas y propuestas técnicas se elaboran en oficinas donde trabajan equipos de especialistas y consultores. Este “superpoder técnico” tiene una influencia decisiva en la arquitectura de las leyes, pero opera muchas veces lejos del escrutinio ciudadano y mediático. Desde allí se redactan normas que pueden favorecer sectores económicos específicos, introducir beneficios regulatorios o moldear el marco legal del país.

La paradoja es evidente: mientras los reflectores se concentran en los discursos y enfrentamientos de los congresistas, el verdadero diseño normativo se cocina en espacios menos visibles, donde confluyen intereses políticos, técnicos y económicos. Sin transparencia ni vigilancia pública suficiente, ese poder silencioso termina influyendo de manera determinante en la legislación nacional.

Reestructurar el congreso desde adentro

Por ello, de cara a las elecciones de este 12 de abril, la discusión no debería limitarse a quiénes ocuparán los escaños del Parlamento, sino también a cómo se estructura el poder dentro del Congreso, quiénes influyen en la elaboración de las leyes y qué intereses terminan predominando en las decisiones legislativas.

La democracia no solo se erosiona cuando las instituciones pierden credibilidad; también se debilita cuando las decisiones públicas se alejan de la ciudadanía y se concentran en círculos cada vez más cerrados de poder. El desafío para los votantes será, una vez más, elegir con responsabilidad y mirar más allá de los discursos de campaña, porque el futuro del Parlamento – y en buena medida de la gobernabilidad del país – dependerá de quiénes lleguen al Congreso y de qué intereses decidan representar. No queda otra oportunidad, tu voto puede ayudar a cambiar.

ADEMAS: 

En once (11) años, el presupuesto del gasto corriente se incrementó en S/ 1,140’815,496, equivalente al 187.74%, con un promedio anual de S/ 103’710,500.

A partir del año fiscal 2022 se inició el incremento sostenido del presupuesto del gasto corriente, al pasar del monto de S/ 649’456,737 del año fiscal 2021 a S/ 868’063,945, lo que significó una variación de S/ 218’607,208, equivalente al 33.66%.

En once (11) años, la Genérica de gasto: Personal y Obligaciones Sociales (pago de planillas) se incrementó en S/ 799’715,255, equivalente al 198.82%, con un promedio anual de S/ 75’400,905

En once (11) años, la Genérica de gasto: Pensiones y otras prestaciones sociales se incrementó en S/ 65’561,795, equivalente al 103.73%, con un promedio anual de S/ 5’960,163

En once (11) años, la Genérica de gasto: Bienes y servicios se incrementó en S/ 215’994,870, equivalente al 211.09%, con un promedio anual de S/ 19’635,897

En once (11) años, la Genérica de gasto: Donaciones y transferencias se incrementó en S/ 10’806,020, equivalente al 1,466.22%, con un promedio anual de S/ 982,365