Manifestantes tomaron la oficina de enlace de la municipalidad y mantienen piquete permanente mientras exigen investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión municipal.

La huelga que mantiene paralizado al distrito de Balsapuerto desde hace más de 45 días entró en una nueva fase de radicalización luego de que un grupo de manifestantes trasladara la protesta hasta la ciudad de Yurimaguas, donde tomaron la Oficina de Coordinación y Enlace de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, ubicada en la calle Ucayali N.° 200-A. La acción se produjo pasada la medianoche, cuando los pobladores ingresaron al local municipal y se instalaron en sus exteriores con pancartas, banderolas y una olla común que alimenta a los manifestantes que permanecen en vigilia permanente.

La medida busca visibilizar en la capital de la provincia de Alto Amazonas el conflicto social que se vive en Balsapuerto, distrito amazónico mayoritariamente habitado por comunidades del pueblo indígena Shawi. Según los dirigentes del Comité de Lucha, la radicalización de la protesta responde a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades, pese a las gestiones realizadas ante diversas instituciones del Estado. Durante estas semanas, representantes de la población sostuvieron reuniones con la Defensoría del Pueblo, presentaron sus demandas ante el Ejecutivo e incluso recibieron la visita de una comisión de la Contraloría General de la República.

Sin embargo, hasta el momento —señalan— el alcalde distrital Luis Nazario Peña Torres no ha respondido públicamente a las denuncias ni se ha reunido con los dirigentes que encabezan la protesta. El vocero del Comité de Lucha de Balsapuerto, Jorge Pizango, afirmó que la población exige la intervención inmediata del sistema de justicia frente a presuntas irregularidades detectadas en la gestión municipal.

De acuerdo con el dirigente, la Contraloría viene realizando constataciones en campo y revisando expedientes técnicos de diversas obras ejecutadas en el distrito. Entre las observaciones preliminares se habrían encontrado proyectos elaborados para lugares donde incluso no existirían pobladores, situación que ha generado sospechas sobre un posible desvío de recursos públicos. “Estamos pidiendo que la Fiscalía Anticorrupción actúe con prontitud y que el Poder Judicial determine responsabilidades. La población exige que se investigue a fondo lo que ha pasado con los recursos del distrito”, manifestó.

Las acciones de protesta se intensificaron desde el 14 de marzo, cuando los manifestantes decidieron bloquear la carretera Yurimaguas–Balsapuerto, una de las principales rutas de acceso al distrito. Además, tomaron el control del puerto Santa Lucía, ubicado en el río Paranapura, un punto clave para el transporte fluvial hacia diversas comunidades de la zona. Con estas medidas buscan presionar a las autoridades regionales y nacionales para que intervengan en el conflicto.

La huelga también ha ido sumando respaldo de distintas comunidades del distrito. Entre las zonas que confirmaron su adhesión a la medida se encuentran Alto Cachiyacu, Eje Carretera, Bajo Cachiyacu, Armanayacu, Bajo Paranapura, Alto Paranapura, Yanayacu y la base organizativa de Yurimaguas. Según los dirigentes, más comunidades del territorio shawi podrían sumarse en los próximos días, lo que ampliaría la dimensión del conflicto social.

Actualmente, alrededor de 150 personas participan en el piquete instalado en Yurimaguas, aunque los organizadores aseguran que la cifra podría incrementarse hasta unas 500 personas conforme lleguen delegaciones de diferentes comunidades.

Uno de los hechos que ha generado mayor preocupación es la decisión del magisterio organizado de Balsapuerto de sumarse a la huelga, anunciando la suspensión del inicio del año escolar 2026 en el distrito, al considerar que la actual situación social no garantiza condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases. Esta paralización afecta directamente a cientos de estudiantes de comunidades rurales y nativas que dependen del sistema educativo público.

A la protesta también se ha sumado el Frente de Defensa de Alto Amazonas, que expresó su respaldo a las demandas de la población balsapuertina, lo que podría incrementar la presión social en Yurimaguas.

Mientras tanto, la Contraloría General de la República continuará con las verificaciones en el distrito, con equipos técnicos que tienen previsto visitar alrededor de 120 lugares donde se habrían ejecutado proyectos cuestionados, a fin de revisar expedientes, constatar obras y recoger testimonios de la población.

Los manifestantes han advertido que la protesta continuará escalando en los próximos días, con la posible instalación de nuevos piquetes en comunidades como Progreso, Arica y el propio distrito de Balsapuerto, además de bloqueos en algunos ríos de la zona. En Yurimaguas, la toma de la oficina municipal marca un nuevo capítulo en este conflicto que ya supera el mes y medio, mientras la población insiste en que no levantará la medida hasta que las autoridades respondan a sus demandas y se esclarezcan las denuncias sobre el uso de los recursos públicos.