Por:General PNP ® Milton Javier Cabrera Ríos

En cada proceso electoral reaparece la promesa de “refundar” la Policía como si cambiar nombres fuera suficiente para enfrentar la criminalidad. Sin embargo, la realidad que se vive en regiones como San Martín demuestra que el problema no es la estructura de la institución, sino la histórica falta de inversión en logística, tecnología e infraestructura para enfrentar con eficacia a la delincuencia.

Estamos a puertas de unas nuevas Elecciones Generales, en las que los ciudadanos deberán elegir a Presidente, Senadores, Diputados y representantes al Parlamento Andino. En esta contienda participan TREINTISIETE (37) agrupaciones políticas que aspiran a alcanzar la máxima investidura del país y obtener curules parlamentarias. Sin embargo, al revisar muchos de sus planes de gobierno, se observa que varios de ellos carecen de sustento técnico, especialmente en un tema que hoy preocupa profundamente a los peruanos: la seguridad ciudadana.

En ese terreno, la Policía Nacional del Perú se ha convertido en una de las principales banderas de campaña. La institución, que cuenta con TREINTISIETE (37) años de creación, vuelve a ser objeto de propuestas que plantean refundarla, reorganizarla o dividirla como si esas medidas, por sí solas, fueran capaces de resolver el problema de la inseguridad.

Algunos candidatos proponen refundar la Policía y crear una Policía de Investigación Criminal junto a una Guardia Nacional. Otros plantean mantener la actual Policía Nacional, pero crear una nueva institución especializada en investigación criminal. Estas propuestas se presentan como soluciones para combatir la delincuencia, el crimen organizado y la creciente sensación de inseguridad que vive el país.

Sin embargo, crear, fundar o refundar la Policía no es la solución. Cambiar el nombre o la estructura institucional no resolverá el problema si las carencias estructurales continúan siendo las mismas. Entre estas se encuentran la falta de logística, el déficit de infraestructura, la escasez de equipamiento tecnológico y la limitada capacidad operativa.

Hoy la Policía enfrenta serias limitaciones en vehículos, armamento, chalecos antibalas y equipamiento especializado. Muchas unidades policiales no cuentan con locales propios, y los laboratorios de criminalística carecen de equipamiento adecuado en diversas regiones del país. Incluso el sistema de centrales de emergencia policial, que en la mayoría de países es administrado directamente por la institución policial, en el Perú se encuentra fragmentado en múltiples sistemas municipales, lo que debilita la respuesta frente a emergencias.

Estas deficiencias no son consecuencia de la estructura institucional de la Policía, sino de décadas de escasa inversión por parte del Estado. Allí radica el verdadero problema.

La historia policial peruana demuestra, además, que la institución ha sido reorganizada en múltiples ocasiones a lo largo de la vida republicana, muchas veces como resultado de decisiones políticas antes que de reformas técnicas. Desde la **Constitución de 1823, aprobada por el Primer Congreso Constituyente y promulgada por José Bernardo Tagle, donde se estableció la Guardia de Policía, hasta las diversas transformaciones posteriores, la estructura policial ha cambiado repetidamente.

En 1839, el **Presidente Provisorio Agustín Gamarra Messía creó el Cuerpo de Policía. Posteriormente, en 1845, el **Mariscal Ramón Castilla estableció la Guardia Nacional. Más tarde, en 1852, el **General José Rufino Echenique Benavente creó la Gendarmería, destinada a garantizar la seguridad pública.

Décadas después, en 1872, el presidente Manuel Pardo y Lavalle fundó la Guardia Civil, con el propósito de modernizar el sistema de seguridad y profesionalizar el servicio policial.

Durante el **segundo gobierno de Augusto B. Leguía, en 1919, se reorganizó la Guardia Civil tomando como modelo a la Guardia Civil de España, con el apoyo de una misión especializada. Ese mismo año, mediante **Resolución Suprema del 7 de agosto de 1919, se estableció la Guardia Republicana del Perú, encargada de la seguridad de los principales establecimientos del Estado.

Posteriormente, en 1929, Leguía elevó la Brigada de Investigaciones y Vigilancia a Cuerpo de Investigaciones y Vigilancia. Más adelante, en 1960, durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, esta institución pasó a denominarse Policía de Investigaciones del Perú.

Finalmente, durante el gobierno del **Presidente Alan García Pérez, se inició la reorganización de las fuerzas policiales mediante la **Ley N.º 24294 del 14 de agosto de 1985. Este proceso culminó con la promulgación de la **Ley N.º 24949 del 6 de diciembre de 1988, que creó la actual Policía Nacional del Perú.

A pesar de estas reformas, el problema de fondo ha persistido: la falta de inversión sostenida en el fortalecimiento institucional.

Mientras tanto, otros países de la región han logrado consolidar instituciones policiales estables y prestigiosas, como la Policía Federal de Argentina (204 años), la Policía Boliviana (199 años), la Policía Nacional de Uruguay (196 años), la Policía Nacional de Paraguay (182 años), la Policía Nacional de Ecuador (179 años) o la Policía Nacional de Colombia (134 años). En estos casos, la continuidad institucional ha sido un factor clave para fortalecer la seguridad pública.

La experiencia vivida durante mi gestión como Jefe de la Región Policial San Martín confirma esta realidad. En ese periodo encontramos graves limitaciones logísticas que dificultaban el trabajo policial cotidiano. Prácticamente no se contaba con suficientes vehículos policiales para el patrullaje motorizado ni para las labores de investigación, lo que obligaba a las unidades a operar con recursos mínimos.

Asimismo, varias **dependencias policiales funcionaban en locales cedidos, alquilados o entregados temporalmente por PRONABI, lo que evidencia la falta de infraestructura institucional propia.

A ello se suma un problema crítico: la región San Martín no cuenta con un laboratorio de criminalística plenamente equipado, por lo que muchas muestras periciales deben ser enviadas a Lima, generando retrasos en las investigaciones y afectando la eficacia del sistema de justicia.

Estas situaciones no son exclusivas de una región; se replican en diversas partes del país.

Por ello, resulta preocupante que algunos candidatos insistan en plantear la creación de nuevas instituciones policiales como respuesta a la inseguridad. Lejos de resolver el problema, ello podría significar un retroceso institucional, generando nuevos procesos de reorganización que distraerían recursos y esfuerzos.

El verdadero camino debería ser fortalecer la Policía Nacional del Perú, dotándola de mayor apoyo logístico, tecnológico y legal. Solo así será posible construir una institución más fuerte, eficiente y confiable, capaz de enfrentar con éxito al crimen organizado y a la delincuencia que hoy amenazan la seguridad de los ciudadanos.

La seguridad del país no se resolverá cambiando nombres, sino fortaleciendo las capacidades reales de la institución encargada de proteger a los peruanos.