Corrupción, falsificación de documentos, estafa, violencia familiar y hasta hurto.

A puertas de las elecciones generales 2026, el país enfrenta una pregunta incómoda pero urgente: ¿quién está revisando realmente a quienes buscan gobernarnos? La información está disponible, el voto informado

No se trata de casos aislados ni de rumores de campaña. Son datos consignados en las propias hojas de vida de 252 candidatos inscritos para las elecciones generales 2026, revelando una preocupante radiografía de la política peruana. Más aún, entre ellos figuran actuales parlamentarios que buscan la reelección, lo que evidencia que el problema no solo es de ingreso, sino también de permanencia en el poder.

El caso del congresista y candidato por Perú Libre, Segundo Montalvo, es ilustrativo: declaró una sentencia por violencia familiar impuesta por el Juzgado Civil de Utcubamba, Amazonas. A su vez, la congresista y candidata por Somos Perú, Ana Segarra, registra tres sentencias penales vinculadas al uso de información falsa. No son hechos menores, sino antecedentes que deberían encender alertas en cualquier sistema de selección política.

El problema no termina ahí. Un análisis de la plataforma “Revisa tu candidato” revela que 10 parlamentarios que buscan reelegirse mantienen infracciones de tránsito impagas, acumulando una deuda de 9 mil soles con el Estado. Si quienes legislan no cumplen normas básicas, ¿qué mensaje transmiten al país?

La contradicción es evidente frente a lo que exige la ciudadanía. Según una encuesta de la Organización Pro Ética, el 68% de los encuestados considera que el candidato ideal debe ser honesto e íntegro, muy por encima de otras cualidades como experiencia política o equipo técnico, que apenas alcanzan el 28%. Es decir, la demanda ética es clara, pero la oferta política parece ignorarla.

El politólogo Jorge Aragón advierte una percepción peligrosa: la normalización de la impunidad. La idea de que “no pasa nada” si se incumple la ley parece haberse instalado en la cultura política. Más grave aún, señala que varias de las organizaciones con más candidatos sentenciados son justamente las que hoy tienen representación en el Congreso, lo que evidencia una falta de voluntad política para elevar los estándares éticos.

El informe se sustenta en datos oficiales del portal DeclaraMás del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, en información declarada por los propios candidatos. Se excluyeron casos absueltos o anulados, y la mayoría de postulantes se presenta como “rehabilitado”. Pero aquí surge otra interrogante: ¿la rehabilitación legal es suficiente para la representación política?

Desde el partido Perú Primero, su vocero Alejandro Salas defiende este criterio: quienes han cumplido sanciones pueden demostrar que se han rehabilitado. Sin embargo, esta postura abre un debate ético más amplio sobre los estándares mínimos para ejercer cargos públicos.

En contraste, el candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, admitió no conocer el perfil de algunos de sus propios candidatos, señalando que “recién se estaba enterando” y que evaluará los casos. Una respuesta similar ofreció Carlos Álvarez, candidato de País para Todos, quien reconoció la gravedad del tema y dejó entrever limitaciones en el control interno de su agrupación.

Estas declaraciones no hacen más que reforzar la preocupación central: los filtros internos de los partidos políticos parecen débiles o inexistentes, y la supervisión institucional no logra evitar que candidatos con antecedentes lleguen a la contienda electoral. Entonces, la pregunta es inevitable:
¿Funcionan los filtros en los partidos y en las instituciones electorales?

La evidencia sugiere que no de manera suficiente. Los partidos, en muchos casos, priorizan la cantidad de candidatos o el cálculo electoral por encima de la calidad ética. Y si bien el sistema electoral – a través del Jurado Nacional de Elecciones – garantiza transparencia al publicar la información, no tiene facultades amplias para excluir candidaturas por criterios éticos más allá de lo legalmente establecido.

El resultado es un sistema que informa, pero no necesariamente depura.

Sin embargo, en medio de este panorama, hay una herramienta poderosa que sigue vigente: el voto ciudadano. La información está disponible, es pública y accesible. Conocerla no solo es un derecho, sino también una responsabilidad.

Porque al final, más allá de los partidos, las leyes o las instituciones, el verdadero filtro es el elector. Y todavía estamos a tiempo de usarlo bien. Por: Beto Cabrera Marina