La caída de más del 50% en el precio del arroz pone en jaque a miles de agricultores y expone la fragilidad del sistema agrario. El país enfrenta una encrucijada: actuar ahora o arriesgar su seguridad alimentaria.

La agricultura peruana ha ingresado a una fase crítica. Los productores de arroz de diversas regiones del país han decidido escalar sus medidas de protesta frente a lo que califican como una “muerte anunciada” de su actividad. Tras semanas de advertencias sin respuesta efectiva, el malestar ha pasado de las mesas técnicas a acciones concretas, incluyendo bloqueos de carreteras en la Amazonía y el anuncio de un paro nacional agrario si el Gobierno no adopta medidas urgentes.

La tensión gira en torno a la reunión clave convocada para este viernes 20 de marzo, donde los gremios han condicionado la continuidad de la paz social a resultados concretos. El pliego de demandas es directo: intervención inmediata del mercado, control de importaciones y fiscalización estricta de la cadena comercial. “Estamos atravesando una grave crisis desde la campaña anterior y no vemos medidas concretas. Necesitamos respuestas inmediatas para evitar que esta campaña sea un fracaso total”, advirtió Portilla, dirigente del sector arrocero.

El eje del conflicto es el desplome abrupto del precio en chacra. De acuerdo con los gremios, la tonelada de arroz ha pasado de costar aproximadamente S/1,600 a apenas S/650, una caída superior al 50% que elimina cualquier margen de rentabilidad. Esta situación resulta aún más crítica si se considera el incremento sostenido en los costos de producción, impulsados por el alza de los fertilizantes y el combustible en el mercado internacional. Para miles de agricultores, producir hoy significa operar a pérdida, comprometiendo no solo la actual campaña, sino también la siembra 2026-2027.

Los productores apuntan como principal causa a la importación masiva de arroz a bajo precio. Denuncian la presencia de prácticas de dumping, es decir, el ingreso de productos subsidiados en sus países de origen que distorsionan el mercado local. Esta competencia, considerada desleal, obliga a los agricultores peruanos a rematar sus cosechas. Frente a ello, exigen al Ejecutivo medidas concretas como el cierre temporal de fronteras, la aplicación de salvaguardias, el fortalecimiento de la supervisión por parte de la SUNAT y el INDECOPI, y la declaratoria de Estado de Emergencia del sector arrocero.

En la región San Martín, la crisis ya se siente en las carreteras. Productores han bloqueado tramos estratégicos de la carretera Fernando Belaúnde Terry, específicamente en el sector de San Juan de Porongo, interrumpiendo el tránsito de carga y pasajeros entre la selva y la costa. Los manifestantes exigen que los acuerdos que se discutan en Lima se traduzcan en acciones concretas en las regiones, donde los costos logísticos agravan aún más la crisis.

En paralelo, en el norte del país se mantiene una tregua a la espera del diálogo. La expectativa de los gremios está puesta en que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anuncie medidas de alivio inmediato, entre ellas la compra estatal de excedentes de arroz para programas sociales como Qali Warma, lo que permitiría estabilizar los precios en el corto plazo.

El desenlace de la reunión del 20 de marzo será determinante.

Si el MIDAGRI no presenta un plan de contingencia que incluya apoyo financiero y regulación del mercado, el paro nacional podría concretarse en los próximos días.

Para el consumidor, la aparente ventaja de precios bajos en el corto plazo es engañosa. La quiebra masiva de productores locales podría derivar en un escenario de desabastecimiento y un incremento abrupto de precios en el mediano plazo, incrementando la dependencia del arroz importado. La crisis actual no solo revela una falla de mercado, sino también la ausencia de políticas agrarias sostenidas que protejan la producción nacional.

El país enfrenta así una decisión urgente: sostener a sus productores hoy o enfrentar mañana una crisis alimentaria de mayor escala.