En plena carrera electoral, el país enfrenta una omisión clave: convertir sus bosques en una oportunidad real de desarrollo sostenible, inclusivo y rentable para miles de familias.

En medio de una intensa contienda política, donde más de tres decenas de candidaturas disputan el rumbo del país, hay un protagonista que permanece prácticamente ausente del debate: los bosques. En un Perú donde cerca del 60 % del territorio está cubierto por ecosistemas forestales, la omisión no es menor. Así lo advierte José Luis Capella, director del Programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, quien plantea una pregunta urgente: ¿cómo convertir los bosques en una verdadera fuente de oportunidades económicas para quienes viven en ellos?

Cada 21 de marzo, en el marco del Día Internacional de los Bosques, el mundo recuerda la importancia de estos ecosistemas no solo para el equilibrio ambiental, sino también para la economía. Sin embargo, en el Perú, esta fecha encuentra una realidad contradictoria: mientras los bosques sostienen la vida de miles de familias, su futuro sigue sin ocupar un lugar prioritario en la agenda política.

En las últimas dos décadas, el país ha perdido más de 3,2 millones de hectáreas de bosques amazónicos, según datos de Geobosques del Ministerio del Ambiente, una cifra que refleja la presión de actividades ilegales como la minería y el tráfico de tierras, pero también la falta de políticas eficaces que promuevan alternativas sostenibles. La respuesta más visible desde el discurso político ha sido la promesa de “mano dura”, una medida necesaria, pero insuficiente si no se acompaña de oportunidades económicas reales.

Porque allí radica el problema: cuando el bosque en pie no genera ingresos suficientes, otras economías —rápidas, ilegales y destructivas— ocupan su lugar. En contraste, existen actividades que demuestran que la conservación y el desarrollo no son opuestos. Productos forestales no maderables como el aguaje, la castaña o la shiringa han sostenido durante décadas economías locales, aunque enfrentan normas que no siempre vienen acompañadas de apoyo técnico ni incentivos.

Lo mismo ocurre con los sistemas agroforestales, una alternativa que podría reconciliar la producción agrícola con la conservación del bosque, reduciendo la presión por deforestar nuevas áreas. Este enfoque se alinea con el concepto de bioeconomía, que propone aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, generando valor y bienestar. Pero para que funcione, se requieren condiciones básicas: acceso seguro a los recursos, asistencia técnica, incentivos y una real simplificación administrativa.

Un ejemplo es el aguaje. Aunque el Decreto Legislativo 1283 buscó facilitar su aprovechamiento sostenible, su implementación dejó fuera en muchos casos a comunidades nativas y pueblos indígenas, quienes habitan estos territorios. La paradoja es clara: quienes más podrían beneficiarse enfrentan mayores barreras.

En términos simples, se trata de permitir que las familias recojan frutos sin destruir el bosque y los comercialicen con menos trabas. Pero esto exige un cambio de enfoque: pasar del control a estrategias integrales, con enfoque intercultural y participación de las comunidades.

Desde la SPDA, estos esfuerzos han tenido avances, pero aún no se consolidan como política pública robusta. Mientras tanto, las generaciones que han vivido del bosque encuentran cada vez menos incentivos, dejando espacio a economías ilegales.

Hablar de bosques hoy no es solo hablar de conservación, sino de derechos y futuro. Implica que el Estado asuma un rol activo, con una oferta de asistencia técnica transformadora que hoy sigue siendo insuficiente.

En un contexto donde se elegirán autoridades nacionales, regionales y locales, la decisión cobra mayor dimensión. Porque del voto dependerá no solo cómo se protege el bosque, sino también qué economía se construye en torno a él. Fuente: SPDA