La Amazonía peruana enfrenta una crisis ambiental grave, vinculada no solo a factores externos o al cambio climático, sino también a decisiones políticas recientes que han debilitado la protección ambiental y acelerado la deforestación, la degradación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, con impactos que ya afectan al país en su conjunto.

Frente a esta realidad, en la Amazonía ha surgido una posición clara: no apoyar a candidatos que buscan la reelección y que durante su gestión promovieron leyes contrarias al interés ambiental y social. Esta postura responde a hechos concretos. No se trata de una reacción emocional, sino de una evaluación de lo ocurrido.

Uno de los problemas más importantes es la flexibilización de las normas ambientales. Con el argumento de promover la inversión, se han reducido los estándares de evaluación ambiental y se ha debilitado la fiscalización. En la práctica, esto facilita que actividades que dañan el ambiente continúen operando con mayor margen.

Un caso concreto es la modificación de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, mediante la Ley 31973, aprobada por insistencia y ratificada en diciembre de 2023. Esta norma elimina la exigencia de estudios de cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias en áreas no forestales. Diversos sectores han advertido que esta medida puede fomentar la deforestación y beneficiar la tala ilegal en la Amazonía.

La minería ilegal e informal también se ha expandido en este escenario. La falta de control efectivo permite que estas actividades contaminen ríos con mercurio y destruyan grandes extensiones de bosque. A ello se suman disposiciones que permiten regularizar actividades en zonas previamente deforestadas, lo que incentiva nuevas prácticas ilegales.

Las consecuencias son visibles. Los ríos se contaminan y afectan la salud de las poblaciones. Se pierden especies de flora y fauna. Los territorios indígenas son invadidos y degradados. No se trata solo de un problema ambiental, sino también social y cultural.

El Congreso debería cumplir un rol de protección del interés nacional. Sin embargo, es percibido como un facilitador de actividades extractivas sin control suficiente. La influencia de intereses económicos, tanto formales como informales, ha marcado varias de estas decisiones.

Además, existe un aspecto que ha generado mayor cuestionamiento público. Mientras impulsaban estas normas, los congresistas incrementaron sus sueldos y contrataron seguros médicos privados de alto nivel para ellos y sus familiares con fondos públicos. Del mismo modo, se ha advertido que parte de su gestión habría estado orientada al lobismo en favor de empresas transnacionales y nacionales, incluyendo a mineras ilegales e informales. Todo ello evidencia una preocupante desconexión entre las decisiones políticas y las necesidades reales del país.

Por eso surge una pregunta necesaria: ¿a quién representan realmente los congresistas?

Ante esta situación, la respuesta de la ciudadanía amazónica es el voto informado. No apoyar la reelección de quienes promovieron estas normas busca generar un cambio en la representación política. Se trata de elegir autoridades con un compromiso real con la protección del ambiente y el desarrollo sostenible.

Sin embargo, el cambio no debe limitarse a reemplazar personas. Es necesario fortalecer las instituciones ambientales, mejorar los mecanismos de fiscalización y garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones.

La Amazonía no puede seguir siendo vista como un espacio disponible para la explotación sin control. Es un territorio fundamental para el equilibrio ambiental del país y del mundo.

La Amazonía peruana cumple funciones clave en la regulación del clima, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y de los recursos hídricos. Su deterioro afecta a toda la humanidad.

La responsabilidad es compartida, pero el poder de decisión está en la ciudadanía. Informarse y votar con criterio es fundamental. Lo que hoy se decida marcará el destino de la Amazonía y del país.