En entrevista con VOCES, expertos señalan ausencia de propuestas concretas en los planes de gobierno evidencia una desconexión con el valor estratégico de la Amazonía, mientras crecen los riesgos para la gobernabilidad, la seguridad territorial y el futuro sostenible del país.

Para el doctor Mariano Castro Sánchez-Moreno, Abogado experto gestión y derecho ambiental y ex viceministro de Medio Ambiente

La Amazonía fuera del radar político: Advierte vacío de propuestas y riesgos para la gobernabilidad

La falta de compromisos concretos en los planes de gobierno sobre la Amazonía revela una desconexión estructural con su valor estratégico. Especialistas alertan que ignorar temas como titulación, consulta previa y control territorial profundizará conflictos sociales y el avance de economías ilícitas.

En el marco del actual proceso electoral, se hace cada vez más evidente una preocupante ausencia: la Amazonía peruana no ocupa un lugar prioritario en la agenda de la política nacional. Frente a este vacío, se ha impulsado un evento que reunirá a candidatos al Congreso con el objetivo de exponer y debatir propuestas concretas sobre la región, una iniciativa que surge precisamente ante la falta de planteamientos en la mayoría de los planes de gobierno de los partidos políticos.

“No es posible ni aceptable que, pese a la importancia estratégica de la Amazonía para el desarrollo del Perú y del mundo, esta no reciba la atención necesaria”, advierte el especialista entrevistado. Según explica, esta omisión responde en gran medida a una lógica electoral: los candidatos priorizan territorios con mayor densidad poblacional y peso electoral, dejando de lado una región clave en términos ambientales, sociales y geopolíticos.

Las consecuencias de esta ausencia no son menores. El experto enfatiza que solo una minoría de partidos aborda temas fundamentales como la titulación de tierras y la consulta previa, condiciones que califica como “ineludibles para cualquier política pública o proyecto de inversión”. De no atenderse, advierte, cualquier iniciativa futura enfrentará trabas estructurales que limitarán su implementación.

En ese contexto, la falta de seguridad jurídica agrava la vulnerabilidad de las comunidades amazónicas, expuestas no solo a la presión de colonos que buscan apropiarse de sus territorios, sino también al avance del crimen organizado. Esta situación ya ha tenido consecuencias graves en regiones como San Martín, donde incluso se han registrado ataques contra defensores ambientales indígenas, como el caso del Apu Quinto Inúma.

El diagnóstico también alcanza a la débil presencia del Estado en procesos clave como el ordenamiento territorial. “El liderazgo de las comunidades nativas está prácticamente en abandono”, señala, cuestionando que ni actores políticos regionales ni nacionales incorporen realmente a estas poblaciones en sus agendas. Sin embargo, recuerda que San Martín fue pionero en procesos de zonificación ecológica y económica, por lo que considera urgente retomar y fortalecer estos mecanismos para impulsar un desarrollo rural sostenible y bajo en emisiones, que funcione como alternativa frente a economías ilegales.

Sobre el modelo de desarrollo, el especialista es claro: las políticas extractivas aplicadas en las últimas décadas no han logrado generar sostenibilidad en la Amazonía. Por ello, plantea que cualquier actividad productiva debe cumplir estrictamente con estándares ambientales y sociales, bajo un Estado que no solo oriente, sino que también fiscalice eficazmente.

Uno de los puntos más críticos abordados en la entrevista es el avance de las economías ilícitas. Actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras y la tala ilegal vienen expandiéndose en territorios amazónicos, incluyendo San Martín. Para el especialista, el problema radica en que el Estado no ha dimensionado adecuadamente su gravedad. “No es una cuestión menor: está dañando territorios, medios de vida y a la juventud, con la ilusión de la plata fácil”, advierte.

Frente a ello, plantea que la respuesta no puede limitarse a la interdicción. Si bien esta es necesaria, resulta indispensable implementar políticas integrales que incluyan incentivos para el desarrollo territorial sostenible y un control efectivo del territorio. Solo así, sostiene, se podrá enfrentar de manera estructural estas amenazas.

Finalmente, el especialista se pronuncia sobre una propuesta que ha generado polémica: la posible eliminación del Ministerio del Ambiente. Su postura es contundente. “El ambiente no es un asunto marginal ni postergable. Es un derecho constitucional vinculado directamente al bienestar de la población”, afirma.

En ese sentido, advierte que eliminar la institucionalidad ambiental incrementaría los riesgos para el país, generando mayor conflictividad, debilitando la seguridad jurídica y afectando tanto a ciudadanos como a inversionistas. “Tiene que ver con la paz social, la gobernabilidad, la competitividad y la democracia”, remarca, calificando la propuesta como carente de fundamento y ajena al bien común.

Así, en medio de una campaña electoral que parece mirar hacia otros territorios, la Amazonía vuelve a plantear una pregunta de fondo: si el país está realmente dispuesto a reconocer su valor estratégico o continuará relegándola al margen de las decisiones políticas.

Pedro Solano: “La deforestación es solo el síntoma de un país que no ha definido el propósito de su Amazonía”

“Con que sea honrado, tenga una visión sostenible y enfrente la ilegalidad, yo me doy por bien servido”

El abogado ambientalista advierte que el Perú sigue apostando por un modelo extractivo que ha fracasado durante décadas y plantea que el verdadero cambio pasa por elegir autoridades honestas, con visión sostenible y capaces de enfrentar la ilegalidad.

En medio del avance de la deforestación y el debate electoral, Pedro Solano, abogado ambientalista y autor del libro “La esperanza es verde”, plantea una mirada crítica sobre el futuro de la Amazonía peruana. En conversación con VOCES, sostiene que la crisis actual va mucho más allá de las cifras y revela un problema estructural: la ausencia de un propósito nacional para uno de los territorios más estratégicos del país.

Para Solano, la gravedad del problema no se limita a la pérdida anual de 120 mil a 150 mil hectáreas de bosque, sino al modelo de desarrollo que se está consolidando. “La deforestación es simplemente uno de los síntomas de una gran enfermedad”, afirma. Esa enfermedad, explica, es la expansión de actividades no sostenibles e ilegales, muchas de ellas vinculadas a economías ilícitas, que avanzan sin una visión clara de largo plazo.

El especialista cuestiona que, pese a décadas de planes de gobierno en distintos niveles, el país aún no haya definido “cuál es el propósito de la Amazonía o nuestro propósito como país amazónico”. En ese vacío, advierte, se está arriesgando un patrimonio natural que podría sostener una economía duradera basada en el bosque en pie, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, además del reconocimiento de las culturas locales, especialmente los pueblos indígenas.

Respecto a la presencia del Estado, Solano reconoce que existen esfuerzos en espacios como las áreas naturales protegidas, zonas de lucha contra el narcotráfico y mediante acuerdos con organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Sin embargo, considera que el problema no se resuelve solo con más presencia institucional. “No sé si la solución es meter más gente si no tenemos claro qué queremos hacer”, señala, insistiendo en que la falta de rumbo es el principal obstáculo.

En su análisis, el verdadero riesgo es que los gobiernos continúen priorizando beneficios inmediatos —legales o ilegales— por encima de una visión estratégica. “Se está valorando más el ingreso económico del día a día que el propósito de hacia dónde queremos llegar”, advierte. Esta lógica, añade, reproduce un patrón histórico en la Amazonía: ciclos extractivos como el caucho, el petróleo, la madera, la coca y ahora el oro, que han dejado más pobreza que desarrollo.

“¿Cómo podemos pensar en el 2026 que seguir apostando por lo mismo va a dar resultados distintos?”, cuestiona. Para Solano, el contexto global actual, donde crece el valor de la biodiversidad y la bioeconomía, representa una oportunidad única para el Perú. “El país puede ser el país del futuro, pero tiene que entender que ese futuro está en una Amazonía sostenible”, sostiene.

En el contexto electoral, el abogado plantea que el electorado debe exigir criterios claros a los candidatos. Desde su trabajo con la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales – IRI Perú, propone un enfoque ético basado en tres elementos clave: elegir autoridades honestas y transparentes, con una visión de desarrollo sostenible para la Amazonía y con la capacidad de enfrentar la ilegalidad y la violencia que afectan a los territorios amazónicos.

“Con que sea honrado, tenga una visión sostenible y enfrente la ilegalidad, yo me doy por bien servido”, resume. Este enfoque ha sido sintetizado en lo que denominan un “semáforo ético”, donde los candidatos pueden representar una luz verde, ámbar o roja según sus propuestas y trayectoria.

Finalmente, Solano subraya que la crisis amazónica también es reflejo de decisiones ciudadanas. “Venimos de muchos años de malas gestiones que están derivadas de nuestro voto”, afirma, haciendo un llamado a la responsabilidad colectiva. Para él, el futuro de la Amazonía – y del país – dependerá de la capacidad de elegir líderes comprometidos con la sostenibilidad, la justicia y el bienestar de las poblaciones locales.

DATO: El evento denominado “Dialogo Ambiental Electoral 2026” podrás seguir ingresando a: https://diariovoces.com.pe/