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Más de 85 comunidades recibirán incentivos para proteger bosques amazónicos

La conservación de los bosques en el Perú avanza con un renovado impulso desde el Estado. Este año, el Ministerio del Ambiente (Minam) anunció la entrega de más de S/13.5 millones en incentivos económicos a más de 85 comunidades nativas y campesinas, como parte de su estrategia para enfrentar el cambio climático y fortalecer la gestión sostenible del territorio.

La intervención se ejecuta a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (Programa Bosques), mediante el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC). Este modelo promueve compromisos concretos de conservación por parte de las comunidades, quienes reciben financiamiento a cambio de proteger sus ecosistemas.

En total, la medida beneficiará a aproximadamente 4400 familias en regiones clave como Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Pasco, Junín y Cusco, contribuyendo a la conservación de más de 800 000 hectáreas de bosques, considerados estratégicos por su rol en la regulación climática y la captura de carbono.

El enfoque no solo apunta a la protección ambiental, sino también al desarrollo local. A través de estos incentivos, el programa impulsa actividades productivas sostenibles, refuerza la vigilancia comunal, mejora la seguridad alimentaria y fortalece la gestión territorial de las comunidades involucradas.

Un componente clave es el monitoreo y control de los bosques. En esta línea, el programa articula esfuerzos con gobiernos regionales y organizaciones locales, con el respaldo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que apoyan en el fortalecimiento de capacidades y la provisión de equipos para la vigilancia forestal.

Desde el Minam, se destaca que estas acciones no solo permiten conservar ecosistemas vitales, sino también consolidar una relación más equitativa entre el Estado y las comunidades, reconociendo su papel como guardianes del bosque. En un contexto de creciente presión sobre la Amazonía, este tipo de mecanismos se posiciona como una de las herramientas más concretas para frenar la deforestación y promover un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo.

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