En San Martín, donde la tierra es generosa pero frágil, el uso de pesticidas sin control actualizado revela un problema estructural: normas que no evolucionan, riesgos que sí. La pregunta ya no es técnica, es ética: ¿cuánto vale la salud frente a la productividad?

En los campos verdes de San Martín, donde el cacao, el café y el arroz sostienen la economía familiar, hay una amenaza que no se ve, pero se respira, se toca y, muchas veces, se ingiere. No llega con ruido ni con titulares, sino en envases etiquetados, autorizados hace décadas por un sistema que nunca volvió a mirar atrás. Son los pesticidas. Y en el Perú, su permanencia en el mercado puede ser, literalmente, indefinida.

La investigación impulsada por Salud con Lupa, con el trabajo de Rocío Romero, Alicia Tovar y Fabiola Torres, ha puesto en evidencia una falla estructural: las licencias de agroquímicos no tienen fecha de vencimiento. A diferencia de la Unión Europea, donde cada sustancia es reevaluada periódicamente, en el país basta una aprobación inicial para que el producto continúe circulando durante años, incluso cuando nuevas evidencias científicas alertan sobre sus efectos.

En la práctica, esto ha convertido a instituciones como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y la Dirección de Gestión Ambiental Agraria (DGAA) en entidades que operan con información muchas veces desactualizada y, peor aún, dependiente de los propios fabricantes. Estudios presentados por empresas como Syngenta terminan siendo la base para decisiones regulatorias, sin que exista transparencia total ni acceso público a los expedientes.

Pero el problema deja de ser técnico cuando se vuelve humano.

En una chacra cualquiera de la Amazonía, la historia de José Tapullima podría repetirse sin dificultad. Durante años fumigó cultivos sin protección adecuada, como lo hacen cientos de agricultores en la región. Lo que parecía rutina terminó en intoxicación aguda, con dolores de cabeza, vómitos y un deterioro progresivo de su salud. Su hijo, en cambio, sufrió consecuencias aún más graves tras el contacto con paraquat, un herbicida altamente tóxico vinculado a enfermedades como el Parkinson.

El caso del paraquat es emblemático: prohibido o restringido en múltiples países, en el Perú se mantuvo vigente durante décadas. Y no es el único. El diquat, aprobado con estudios de 1985, ha sido relacionado con alteraciones hormonales. La atrazina sigue presente pese a su capacidad para contaminar fuentes de agua. El mancozeb, comercializado bajo marcas como Ridomil Gold y Veranero Gold, ha sido asociado a posibles efectos cancerígenos, incluyendo tumores en la tiroides y el páncreas. Y el glifosato, uno de los herbicidas más usados en cultivos de consumo masivo, continúa en uso pese a su clasificación como probable cancerígeno.

En San Martín, donde la agricultura es mayoritariamente de pequeña escala, el impacto es doble. Por un lado, los agricultores enfrentan directamente los efectos: intoxicaciones, daños respiratorios, alteraciones hormonales y enfermedades crónicas. Por otro, los consumidores —en Tarapoto, en Lima o en cualquier mesa del país— reciben residuos invisibles en los alimentos que consumen a diario.

El problema no termina en la salud humana. Los pesticidas se infiltran en los suelos y llegan a las fuentes de agua. Estudios han detectado residuos de carbofurano y mancozeb en concentraciones elevadas, capaces de persistir durante años. En la Amazonía, donde los ecosistemas son altamente interdependientes, esto significa afectar no solo cultivos, sino también ríos, peces y biodiversidad.

Las abejas, esenciales para la polinización, mueren al entrar en contacto con estos químicos. Los depredadores naturales de plagas desaparecen. Y las propias plagas desarrollan resistencia, obligando al uso de productos cada vez más fuertes. Es un círculo vicioso que degrada el suelo y compromete el futuro de la agricultura.

Expertos como Mariano Castro Sánchez-Moreno advierten que la falta de evaluaciones periódicas impide reaccionar ante nuevos riesgos, mientras que voces como Fernando Bejarano denuncian un doble estándar global: productos prohibidos en países con regulaciones estrictas encuentran mercado en aquellos donde las normas son más débiles.

Así, el Perú y en particular regiones como San Martín, se convierten en destino de sustancias cuestionadas. Un mercado abierto donde la productividad se mantiene, pero los costos se trasladan silenciosamente a los cuerpos de los agricultores y a la salud pública.

La pregunta que deja esta realidad no es solo técnica. Es profundamente ética y política: ¿por qué se siguen permitiendo sustancias peligrosas cuando existen alternativas más seguras?

La respuesta pasa por un sistema que necesita cambiar.

Endurecer la normativa ya no es una opción, es una urgencia. Esto implica prohibir la importación y comercialización de plaguicidas con ingredientes activos altamente tóxicos, alineando al Perú con estándares internacionales. Significa también establecer evaluaciones periódicas obligatorias, garantizar transparencia en los estudios y reducir la dependencia de información proporcionada por las propias empresas.

En la Amazonía, donde la vida depende del equilibrio, no hay margen para seguir postergando decisiones. Porque mientras las licencias sigan siendo eternas, los riesgos también lo serán. Y el costo, como siempre, lo pagarán los mismos: quienes cultivan la tierra y quienes confían en lo que llega a su mesa.