El candidato advierte que esta economía ilícita habría superado al narcotráfico y podría estar infiltrando campañas políticas, mientras propone eliminar el registro de formalización y atacar las finanzas del delito.

El candidato presidencial Carlos Álvarez, del partido País para Todos, lanzó una de sus propuestas más contundentes en materia de seguridad y lucha contra economías ilegales: la eliminación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que calificó como un mecanismo que ha terminado facilitando actividades ilícitas en el país.

En una intervención marcada por un tono crítico, el aspirante sostuvo que el Reinfo, creado con el objetivo de formalizar a pequeños mineros, ha sido desnaturalizado y hoy representa una puerta de entrada para la expansión de la minería ilegal. En esa línea, planteó no solo su eliminación, sino también la ejecución de interdicciones directas contra estas operaciones, como parte de una estrategia más agresiva del Estado.

Álvarez fue más allá al advertir sobre la magnitud del problema. Aseguró que la minería ilegal representa “dos tercios de todos los delitos del Perú”, superando incluso al narcotráfico en impacto criminal. “Hoy por hoy, la minería ilegal conforma los dos tercios de todos los delitos del Perú, incluso ha sobrepasado al narcotráfico”, afirmó, al subrayar la urgencia de una respuesta estatal más firme y articulada.

En ese contexto, lanzó una alerta que introduce un elemento político delicado: la posible infiltración de dinero ilícito en procesos electorales. “Se dice y se comenta que están financiando a muchos candidatos al Parlamento y también a la Presidencia. Ojalá no sea así y no estén hipotecados algunos a este tipo de financiamientos”, declaró, sugiriendo que las mafias vinculadas a la minería ilegal podrían estar buscando influencia en el poder político.

Como parte de su propuesta integral, el candidato planteó que la lucha contra el crimen organizado debe centrarse en atacar sus finanzas, priorizando la trazabilidad del dinero ilícito. Para ello, propuso un trabajo coordinado entre instituciones clave como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera, con el objetivo de desarticular las redes económicas que sostienen estas actividades.

En materia de seguridad, Álvarez también propuso la implementación de megapenales, el cumplimiento efectivo de las penas y el pago de reparación civil por parte de los sentenciados. Además, planteó una medida polémica: declarar al sicario como objetivo militar, junto con el endurecimiento de sanciones, como parte de una estrategia más radical para enfrentar la violencia criminal.

La propuesta del candidato reabre el debate sobre la eficacia del Reinfo, un instrumento cuestionado en los últimos años por su uso indebido, y pone en el centro de la discusión la relación entre economías ilegales, crimen organizado y política en el Perú.