En San Martín, decenas de proyectos han quedado entrampados por la falta de títulos claros o registros actualizados

Organización, planificación y gestión responsable serán claves para cerrar brechas educativas y gobernar con equilibrio hasta el último día de funciones

El anuncio del Ministerio de Educación del Perú marca un punto clave para enfrentar la falta de saneamiento físico-legal de terrenos educativos. Con una asignación de S/ 80.7 millones, el sector implementará un mecanismo de incentivos económicos dirigido a instancias descentralizadas, trasladando la responsabilidad de destrabar proyectos a los gobiernos regionales y municipales.

En la región San Martín, decenas de proyectos educativos permanecen paralizados debido a la falta de títulos de propiedad claros o registros actualizados, lo que ha impedido ejecutar inversiones en construcción, ampliación o mejoramiento de colegios.

La medida busca acelerar estos procesos mediante un esquema de pago por resultados. El acceso a los recursos estará condicionado al cumplimiento del indicador 5.1 de los Compromisos de Desempeño 2026, que evalúa el porcentaje de predios inscritos a nombre del Minedu. Esto obliga a las autoridades a ordenar catastros, resolver conflictos de propiedad y formalizar terrenos.

El proceso de evaluación se desarrollará en dos momentos clave: abril y setiembre. Las entidades que cumplan podrán acceder a los incentivos económicos, los cuales podrán ser destinados a fortalecer el servicio educativo según sus prioridades.

Esta estrategia cuenta con el respaldo técnico de la Dirección de Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiliario (DISAFIL), que viene brindando asistencia a equipos regionales. Más de 500 especialistas ya han sido capacitados en 20 jornadas durante el año.

A nivel nacional, los avances muestran resultados positivos: más de 2700 predios saneados en los últimos tres años, beneficiando a más de 240 mil estudiantes. Para el 2026, la meta es formalizar 1450 predios adicionales.

Con esta iniciativa, la responsabilidad recae ahora en los gobiernos regionales y municipales. La disponibilidad de recursos ya no es la principal limitación; el reto es la gestión eficiente. El objetivo es claro: convertir recursos en obras concretas y garantizar mejores condiciones educativas, evitando que trabas administrativas sigan postergando el acceso a una educación digna en San Martín.