El jefe de la Región Policial San Martín, General PNP Wilson Rubén Villalobos Olórtegui, informa avances en la investigación del asesinato del abogado Morey, con la identificación del autor material y el proceso en curso para determinar al autor intelectual. En paralelo, detalla los principales delitos que afectan a la región, las limitaciones en criminalística y la urgencia de fortalecer la prevención desde un enfoque multisectorial.

En entrevista, General PNP Villalobos Olórtegui, señaló que uno de los delitos de mayor incidencia en la región es el hurto de vehículos menores, que afectan el patrimonio económico, sino que generan un impacto colateral en las actividades diarias de las víctimas. En ese sentido, destacó la coordinación con los operadores de justicia para mitigar estas acciones.

Sobre la implementación de un laboratorio criminalístico, el general explicó que actualmente existe una oficina de criminalística, aunque sin todas las áreas periciales necesarias. Esta limitación obliga a trasladar muestras hasta Lima para su procesamiento. No obstante, informó que ya se ha realizado un requerimiento a la Policía Nacional y que existe compromiso de autoridades regionales para fortalecer esta área. Como avance, destacó la capacitación de 14 efectivos policiales, lo que ha permitido incrementar el personal especializado a 42 efectivos en criminalística, mejorando la capacidad investigativa. Además, mencionó que ya se realizan pruebas como las de absorción atómica, aunque aún dependen de análisis externos.

En relación con el asesinato de un abogado Luis Felipe Morey, precisó que, según información de la DIVINCRI, ya se tiene identificado al autor material, mientras que el autor intelectual se encuentra en proceso de identificación. Subrayó que las investigaciones siguen su curso conforme al debido procedimiento, lo que puede generar percepción de lentitud en la ciudadanía, pero garantiza la solidez de las pruebas para futuras detenciones y sanciones.

Respecto al pandillaje juvenil, una problemática creciente en ciudades como Tarapoto y Moyobamba, el general explicó que la estrategia policial se basa en dos ejes: prevención y reacción. Destacó la conformación de juntas vecinales, redes cooperantes y acciones cívicas, como en el sector Palmeras, donde se logró juramentar cuatro juntas vecinales. En el ámbito reactivo, informó sobre la intervención del Grupo Terna, que permitió capturar a presuntos implicados en un hecho de violencia con arma de fuego. No obstante, también reveló que la víctima registraba tres denuncias previas, lo que evidencia la complejidad del entorno delictivo.

En cuanto a los problemas de tránsito y accidentes, especialmente con motocars y buses interprovinciales, enfatizó que se trata de un problema multisectorial. Recordó que desde el año 2023 existe una política nacional con presupuesto asignado que involucra a los tres niveles de gobierno. Anunció que con la llegada de más personal policial se reforzará el área de tránsito, previa capacitación, pero advirtió que el cambio requiere también una transformación cultural a corto, mediano y largo plazo.

Finalmente, sobre el caso de la muerte de una niña en el lago de Sauce, indicó que se investiga como un presunto homicidio culposo, es decir, sin intención, pero con responsabilidad por negligencia. Señaló que existen varios actores involucrados que deberán responder ante la justicia, desde quienes otorgan certificaciones y autorizaciones, hasta los operadores de actividades recreativas de riesgo. Subrayó la necesidad de cumplir estrictamente con las normas para evitar tragedias que comprometen la integridad física y la vida de las personas.

La entrevista deja en evidencia que, pese a los avances operativos y esfuerzos institucionales, la seguridad en San Martín enfrenta limitaciones estructurales, retos en la articulación interinstitucional y una urgente necesidad de fortalecer la prevención social del delito.