Sin instituciones fuertes, la ilegalidad se convierte en poder. Sin justicia, la violencia se vuelve costumbre.

En un país sitiado por la violencia y el extractivismo sin control, elegir autoridades éticas ya no es una opción, sino una urgencia moral para defender los bosques, el agua, la democracia y la propia vida.

Sin bosques y sin agua, no hay vida. Y hoy debemos decirlo con absoluta claridad: sin autoridades éticas, no habrá bosques ni agua y difícilmente habrá futuro para el Perú. La violencia, la extorsión, el sicariato, la trata de personas y el avance de las mafias han sembrado miedo en ciudades y comunidades, especialmente en nuestra Amazonía. Ya no sorprende que el principal tema de agenda en esta campaña electoral sea la inseguridad. Esta ha escalado en el país a todo nivel, desbordando la capacidad de respuesta del Estado y erosionando la confianza ciudadana.

La minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico no solo destruyen territorios, sino que amenazan directamente a pueblos indígenas, líderes comunales y defensores ambientales. La inseguridad urbana también golpea día a día con extorsiones y sicariato, instalando una sensación de desamparo que no puede seguir siendo normalizada. Por eso hoy necesitamos, más que nunca, autoridades que estén del lado del Derecho. Sin Estado de Derecho no hay paz posible.

Pero también debemos reconocer una verdad incómoda: la historia parece confirmarnos que el Perú no se asume como un país amazónico. Nuestros gobernantes han tratado reiteradamente este vasto territorio como una fuente inagotable de madera, hidrocarburos, oro y tierras, generando riqueza para unos pocos, y pobreza, enfermedad y abandono para pueblos enteros. Durante décadas, la Amazonía ha visto cómo carreteras y proyectos de inversión mal planificados – y peor ejecutados – han deteriorado gravemente la salud de los bosques y la viabilidad de sus ecosistemas. Las fuentes de alimentación y empleo digno se reducen, mientras los servicios básicos del Estado – salud, educación y seguridad – siguen siendo precarios e insuficientes.

En este contexto, el elector debe hacerse preguntas fundamentales: ¿este candidato cuida la vida?, ¿defiende la ley?, ¿protege a los más débiles?, ¿promueve una economía sostenible?, ¿es digno de confianza? Elegir bien es un acto de valentía. Valentía frente a la corrupción, frente a la ilegalidad, frente al abandono histórico de la Amazonía y de sus pueblos.

Un reciente estudio de la Oficina de Incidencia Legal del CAAAP revela una realidad preocupante: los partidos políticos mantienen una mirada predominantemente extractivista. En un país que ha impulsado durante más de dos décadas inversiones ligadas a la explotación de recursos naturales -muchas veces sin planificación sostenible -, esta lógica no responde a las necesidades reales de las comunidades amazónicas ni a los desafíos del cambio climático.

Solo 13 de los 36 partidos incluyen propuestas contra la deforestación, y de ellos apenas uno aborda el cambio de uso de suelo, principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Aunque 22 partidos mencionan acciones contra la minería ilegal o informal, ninguno plantea medidas estructurales frente al modelo extractivista que depreda la Amazonía. En materia energética, apenas 11 partidos incorporan propuestas de transición hacia energías renovables, evidenciando una alarmante ausencia de visión de largo plazo.

A ello se suma un problema estructural: la débil autonomía regional. Hoy, esta existe más en el papel que en la práctica. Aunque la ley reconoce competencias a los gobiernos regionales, estas no se ejercen plenamente, especialmente en la administración de recursos y el otorgamiento de concesiones. El centralismo sigue imponiendo decisiones que afectan directamente a territorios como San Martín, sin garantizar su participación efectiva. En ese marco, propuestas como la creación de un Senado con representación regional cobran relevancia, siempre que respondan verdaderamente a la defensa de los intereses territoriales y no a cálculos políticos.

Algunos candidatos han anunciado que impulsarán la revisión e incluso la nulidad de normas perjudiciales para la Amazonía, como la denominada “ley antiforestal”. Sin embargo, el país ya no necesita promesas vacías, sino compromisos verificables y acciones concretas.

La Amazonía, además, ya no es un actor marginal en el escenario político. Según datos del padrón electoral proyectado para las Elecciones Generales 2026, la región amazónica concentra aproximadamente 2,446,278 electores: Loreto con 775,923, San Martín con 723,605, Ucayali con 453,928, Amazonas con 345,245 y Madre de Dios con 147,577.

Este crecimiento supera el promedio nacional, destacando el caso de San Martín, con un incremento del 14 % entre 2021 y 2026. Aunque Lima sigue concentrando la mayor carga electoral, la Amazonía se consolida como un bastión político con voz cada vez más decisiva.

Sin embargo, persiste una desconexión profunda entre la agenda amazónica y las propuestas políticas nacionales. Esta brecha debe cerrarse con urgencia si queremos construir un país más justo, sostenible y democrático.

Desde VOCES reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía, con la verdad y con la defensa de la vida. Condenamos el sometimiento de los poderes del Estado a intereses subalternos y denunciamos la corrupción que corroe nuestras instituciones. No hay democracia posible si la ley se negocia, si la justicia se debilita y si el poder se pone al servicio de mafias.

El Perú se encuentra ante una encrucijada histórica. Votar no es solo un derecho: es un acto de responsabilidad con el presente y con las futuras generaciones. Elegir bien es defender la vida. Elegir bien es defender la Amazonía. Elegir bien es defender el país que aún podemos ser.