Transparencia Internacional demanda moderación: se debe paralizar conteo rápido del proceso

Más de 63 mil ciudadanos quedaron sin votar por fallas logísticas en Lima. Entre críticas, medidas de emergencia y llamados a la prudencia, el proceso electoral evidencia tensiones que exigen responsabilidad institucional y serenidad pública.

En una jornada que debía reafirmar el compromiso democrático del país, las Elecciones Generales 2026 se vieron empañadas por una serie de fallas logísticas que impidieron que 63.300 ciudadanos ejercieran su derecho al voto. Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un total de 13 centros de votación no recibieron material electoral, afectando principalmente a electores de tres distritos de la capital.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ofreció disculpas públicas y reconoció que, si bien se logró instalar el 99,8 % de las mesas de sufragio, hubo más de 100 locales con problemas logísticos, de los cuales en 15 no se pudo resolver la situación a tiempo. “En cualquier lugar del mundo es una cifra elevada”, sostuvo, al tiempo que atribuyó la falla a una empresa proveedora que incumplió con la entrega del material electoral en la víspera, frustrando el plan de contingencia previsto hasta la madrugada.

Medida excepcional, propone JNE

El impacto no fue menor. Miles de ciudadanos esperaron durante horas sin poder votar, generando malestar y cuestionamientos. Frente a ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) adoptó una medida excepcional: extender el proceso electoral al día siguiente. Así, dispuso ampliar el horario de instalación de mesas el 13 de abril desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. hoy lunes en los mismos locales. Además, solicitó el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, infraestructura y facilidades laborales.

La decisión fue respaldada por la Defensoría del Pueblo, que calificó la medida como “histórica”, al considerar que garantiza elecciones transparentes y evita la vulneración del derecho al sufragio de miles de ciudadanos. Asimismo, subrayó que la continuidad del proceso resulta clave para no afectar la definición de la cifra repartidora en la elección de diputados y senadores por Lima.

Sin embargo, el contexto también ha estado marcado por tensiones institucionales. El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, cuestionó duramente el anuncio de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de iniciar un proceso disciplinario contra Corvetto, calificándolo como “peligroso, inadecuado e inoportuno”. A su juicio, si bien las demoras son lamentables, no constituyen un hecho inédito ni justifican interpretaciones extremas. “Siempre ha habido demoras”, recordó, rechazando además versiones que intentan instalar la narrativa de fraude.

Jefe de ONPE: tiene que asumir responsabilidad

Transparencia Internacional invoca a ONPE: detener resultados

En medio de este escenario, diversas voces han coincidido en la necesidad de actuar con prudencia. Desde el enfoque de estándares internacionales, como los promovidos por Transparencia Internacional, se ha enfatizado que no es adecuado difundir conteos rápidos en contextos donde el proceso aún no ha concluido plenamente. El llamado es claro: tanto las encuestadoras como la propia ONPE deben evitar emitir resultados preliminares que puedan generar confusión o alimentar sospechas.

La jornada electoral, lejos de cerrarse el domingo, se ha extendido en un clima de vigilancia, expectativa y responsabilidad compartida. Lo ocurrido en Lima no solo revela fallas operativas, sino también la fragilidad de la confianza pública en momentos clave. En este punto, más que apresurar conclusiones, el país enfrenta el reto de sostener la transparencia, la legalidad y la cautela, como pilares indispensables para que la voluntad ciudadana se exprese sin sombras ni dudas.