Desde Yurimaguas, la jornada electoral para elegir al presidente del Perú se desarrolló en medio de un amplio despliegue de seguridad y cuestionamientos a la logística de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).
Desde muy temprano, ciudadanos de Yurimaguas y comunidades cercanas acudieron a sus centros de votación para participar en las Elecciones Generales 2026, donde se define al nuevo presidente del Perú, además de vicepresidentes, congresistas, diputados y senadores.
Sin embargo, la jornada no solo estuvo marcada por la participación ciudadana, sino también por un contexto de alta vigilancia y críticas a la organización electoral en la Amazonía. En toda la región Loreto se desplegó un fuerte contingente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante los comicios.
Este operativo forma parte de una estrategia nacional para resguardar locales de votación, material electoral y prevenir incidentes. Un total de 1,700 militares fueron movilizados en Loreto, incluyendo zonas de difícil acceso. Reportes locales dan cuenta de un incremento significativo de la presencia militar en Yurimaguas e Iquitos, en una elección considerada clave para el futuro político del país.
Despidos y denuncias en la ODPE
Cabe destacar que, a pocos días del proceso electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso el despido de al menos tres trabajadores por vulnerar el principio de neutralidad electoral durante capacitaciones en San Martín.
No obstante, testimonios recogidos en Yurimaguas —bajo condición de anonimato— advierten que la situación va más allá de casos puntuales. Personal vinculado a la ODPE denunció haber sido desplazado a zonas rurales sin presupuesto completo, sin viáticos adecuados y sin implementos logísticos necesarios.
“Nos enviaron a comunidades lejanas sin condiciones mínimas. Algunos compañeros fueron retirados a última hora sin explicación clara”, señaló una fuente.
Estas denuncias se suman a cuestionamientos más amplios sobre fallas logísticas en el proceso electoral, incluyendo retrasos en la distribución de material en distintas partes del país, lo que ha generado críticas a la capacidad organizativa del ente electoral.
A nivel nacional, más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar en estos comicios que definirán el rumbo político del país. En el caso de Loreto, donde la geografía impone desafíos logísticos únicos, el proceso evidencia tanto el compromiso ciudadano como las brechas estructurales del Estado.
Desde Yurimaguas, la democracia se ejerce con firmeza, pero también con cuestionamientos. Entre el resguardo militar, las largas distancias y las denuncias de precariedad institucional, votar en la Amazonía sigue siendo, además de un derecho, un desafío.
Por Segundo Chuquipiondo
