Buscamos ordenar para cuidar la salud y el medio ambiente de las personas. Las instituciones del Estado tenemos que trabajar unidas. Todos los baños arrojaban sus desperdicios al río, cerca de la toma de captación de agua para Rioja. Eso no podemos permitir. Dialoguemos.

El Dr. Abel Armando Ávila Ocaña – Procurador Público Regional San Martín, explicó que el operativo ejecutado en el centro poblado La Naciente, en la provincia de Rioja, respondió a un proceso técnico y legal iniciado tras diversas inspecciones realizadas durante el año 2025, en las que se detectó ocupación y actividades turísticas dentro de un predio estatal donde se ubica la naciente del río Negro, fuente hídrica fundamental para el abastecimiento de agua potable de Rioja y del distrito de Posic.

Según detalló, las primeras inspecciones se realizaron los días 2 y 26 de septiembre de 2025, constatándose la presencia de personas que desarrollaban actividades comerciales y turísticas dentro del predio estatal denominado Sócrates, área registrada legalmente bajo tutela del Gobierno Regional de San Martín. En ese espacio, indicó, se instalaron estructuras y servicios que ponían en riesgo la protección de la naciente.

“Estamos hablando de una zona donde fluye el agua que abastece a miles de personas. No podíamos permanecer indiferentes frente a una ocupación informal que además generaba contaminación”, sostuvo.

El procurador precisó que, antes de ejecutar el desalojo extrajudicial, se cursaron cartas notariales a la Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas y a las personas identificadas durante las inspecciones. Explicó que se detectó venta de entradas para actividades turísticas con boletos y materiales que llevaban el logo municipal, además de infraestructura instalada en el lugar, como tachos de basura y señalética.

En una segunda zona intervenida, agregó, se halló un puesto de venta de comida operado por particulares, por lo que también se notificó formalmente a los involucrados.

Ávila recordó que la acción se ejecutó al amparo de la normativa que faculta a las entidades públicas a realizar desalojos extrajudiciales sobre predios estatales invadidos, siempre que no exista un proceso judicial previo. La intervención fue coordinada entre la Procuraduría Regional, la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y la Policía Nacional del Perú.

Tres etapas: inspección, recuperación y post desalojo

El funcionario remarcó que la recuperación del terreno no concluye con el retiro de ocupantes. Señaló que la estrategia contempla tres etapas: la inspección inicial, el desalojo propiamente dicho y una fase posterior de protección del espacio recuperado.

En ese marco, informó que actualmente se ejecuta el cercado de la zona con más de 1,400 metros lineales de postes y alambre, con el objetivo de evitar nuevas invasiones y garantizar la conservación del área.

“La idea no es desalojar y abandonar el lugar. Queremos asegurar una gestión ordenada, sostenible y permanente”, afirmó.

ALERTA: Contaminación cerca de la captación de agua para Rioja y Posic

Uno de los puntos más sensibles expuestos por el procurador fue el hallazgo de conexiones sanitarias que descargaban residuos directamente al río, muy cerca de la toma de captación de agua destinada al consumo humano.

“Cuando fuimos al operativo encontramos que todos los baños arrojaban sus desperdicios al río. Eso ocurría cerca de la captación de agua para Rioja y Posic. Eso no podemos permitir”, advirtió.

Añadió que permitir ese tipo de actividades sin control representa una amenaza sanitaria y ambiental, más aún considerando el crecimiento poblacional proyectado en la zona.

“La población va a crecer, y con ello también la demanda de agua, desagüe y servicios. Si no ordenamos ahora, después será más difícil”, señaló.

Otros casos bajo revisión

Consultado sobre la situación de otros atractivos turísticos como Tío Yacu, donde también existiría participación municipal en actividades de control y mantenimiento, Ávila indicó que la Procuraduría viene revisando documentación, convenios y títulos habilitantes para determinar si las intervenciones se ajustan al marco legal.

“Estamos avanzando con varios casos pendientes. Lo importante es verificar si existe sustento legal o acuerdos válidos para el uso de espacios públicos o áreas protegidas”, manifestó.

Material agregado

Asimismo, reveló que en una zona superior al área desalojada se detectó extracción de material agregado y alteración del cauce del río, situación que motivó una intervención conjunta con la Policía y el inicio de acciones penales ante la Fiscalía correspondiente, en un terreno de propiedad de la familia Terrones.

Llamado al diálogo y al trabajo articulado

Pese a la controversia generada por la intervención, el procurador insistió en que el objetivo no es confrontar con autoridades locales ni con la población, sino promover soluciones sostenibles.

“No estamos para enfrentarnos entre instituciones. Lo que corresponde es conversar. Si una municipalidad desea intervenir o promover actividades, debe coordinar con el Gobierno Regional y con el ARA para encontrar mecanismos legales de uso sostenible”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a asumir una responsabilidad compartida frente a la defensa de los recursos naturales.

“Las nacientes de agua, bosques, humedales y cabeceras de cuenca deben protegerse entre todos. El desarrollo sí es posible, pero con equilibrio, con reglas claras y pensando en el futuro”, concluyó.