Cuando la diferencia es estrecha, cada voto cuenta y cada acta revisada se convierte en una pieza clave para la legitimidad democrática. El desenlace ya no depende solo del conteo, sino de la transparencia y la confianza en las instituciones electorales.

Con apenas 515 actas pendientes por contabilizar, el verdadero foco de la elección presidencial se ha trasladado a otro terreno: las más de 5 mil actas observadas que deberán ser evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). En ese universo de documentos aún sin validación podría definirse quién acompañará al primer lugar en la segunda vuelta: Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga.

De acuerdo con el avance oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 93,3% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez ocupa el segundo lugar con 1.890.544 votos, mientras que Rafael López Aliaga se mantiene tercero con 1.877.454 votos. La diferencia entre ambos es de apenas 13.090 votos, una brecha estrecha frente al volumen de sufragios aún sujetos a revisión.

En ese escenario, los números muestran que el proceso ha entrado en una etapa decisiva. El 17 de abril, cinco días después de los comicios, la ONPE reportó que cerca del 6% de las actas contabilizadas presentan observaciones, por lo que deberán ser remitidas a los JEE para que determinen si son válidas, corrigen errores materiales o se anulan parcial o totalmente según corresponda.

La magnitud de esas actas observadas explica la expectativa política. No se trata de una cifra marginal: son expedientes suficientes para alterar posiciones en una contienda tan ajustada. En otras palabras, la disputa por el segundo lugar ya no está en las urnas, sino en las mesas de revisión electoral.

La región con mayor número de actas observadas es Lima, con 1.222 casos, equivalente al 22,7% del total registrado hasta el momento. Por su peso electoral, la capital vuelve a convertirse en el centro de atención nacional. Cada resolución emitida en esta jurisdicción podría impactar directamente en el resultado final.

Después de Lima aparecen Piura, con 428 actas observadas; Loreto, con 401; La Libertad, con 389; Áncash, con 246; Cajamarca, con 238; Ica, con 230; Huánuco, con 211; y Ucayali, con 188. En conjunto, estas regiones concentran el 58,71% de los expedientes que requieren pronunciamiento electoral.

En la capital, el distrito con más incidencias es Comas, con 236 actas observadas. Le siguen Santiago de Surco (165), San Miguel (152), San Juan de Miraflores (147), Los Olivos (128) e Independencia (118). En estos casos, los documentos no pudieron incorporarse al cómputo automático por inconsistencias numéricas, firmas faltantes u otros errores formales que ahora deberán ser revisados.

Mientras tanto, algunas regiones avanzan hacia el cierre del conteo con mayor rapidez. Es el caso de Arequipa, con 97,912% de actas procesadas; Puno, con 96,909%; y Apurímac, con 96,431%. Sin embargo, el porcentaje nacional pendiente sigue siendo suficiente para mantener abierta la disputa.

Lo que viene será determinante. Las decisiones de los Jurados Electorales Especiales no solo resolverán una competencia entre candidatos, sino que pondrán a prueba la fortaleza del sistema electoral peruano. En una democracia fragmentada y polarizada, la legitimidad del resultado final dependerá tanto del conteo como de la confianza ciudadana en que cada voto fue correctamente evaluado.