Deslizamiento en San José de Sisa no surgió del vacío, existe advertencia

Ese dato abre una pregunta inevitable sobre cuánto se avanzó, o se dejó de avanzar en prevención, ordenamiento territorial y reducción de vulnerabilidades.

En el boletín C 42 del SINAGERD, denominado “Riesgo Geológico en la región San Martín” – 2010 – Estudio identificó que el Caserío Eladio Tapullima, se asienta sobre terrenos con susceptibilidad moderada a alta a la ocurrencia de movimientos en masa, como deslizamientos, derrumbes. Señala el documento.

El dato abre una pregunta inevitable sobre cuánto se avanzó, o se dejó de avanzar en prevención, ordenamiento territorial y reducción de vulnerabilidades.

La emergencia en el caserío Eladio Tapullima no solo revela la vulnerabilidad de cientos de familias frente a los desastres naturales, sino también la necesidad de planificar el territorio, fortalecer la infraestructura y actuar antes de que la tragedia vuelva a repetirse.

Un nuevo llamado de alerta se levanta desde la región San Martín. El deslizamiento ocurrido el pasado 15 de abril de 2026, a las 15:00 horas, en el caserío Eladio Tapullima, distrito de San José de Sisa, provincia de El Dorado, ha dejado una profunda huella material y social en una zona que ya había sido advertida por especialistas como vulnerable ante movimientos en masa. Según el reporte complementario emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el evento provocó severos daños en viviendas, servicios básicos, centros educativos y áreas productivas.

El balance actualizado al 19 de abril confirma la magnitud del impacto: 374 personas damnificadas, 109 viviendas destruidas, 2 instituciones educativas afectadas y 1 establecimiento de salud comprometido. A ello se suma la interrupción de servicios esenciales como agua potable, energía eléctrica y saneamiento, así como daños en vías vecinales que dificultan la movilidad y la llegada de ayuda humanitaria. Aunque no se reportaron pérdidas humanas ni heridos de gravedad, la emergencia alteró por completo la vida cotidiana de decenas de familias que tuvieron que abandonar sus hogares.

La crisis también golpeó a la educación local. El Ministerio de Educación (MINEDU) informó que las clases fueron suspendidas tras los daños ocasionados en la Institución Educativa N.° 429 de nivel primario y en un plantel de nivel inicial. En una zona donde la escuela representa mucho más que un espacio de aprendizaje, la paralización de actividades añade incertidumbre a niños y padres que hoy priorizan la seguridad y la búsqueda de refugio.

En el ámbito social, diversos programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) activaron mecanismos de atención. El programa Cuna Más reportó la evacuación preventiva de 8 familias usuarias, mientras que Pensión 65 identificó a 12 beneficiarios afectados. El programa Contigo, por su parte, informó daños materiales en viviendas de 2 usuarios. Estas cifras reflejan que la emergencia impacta con mayor fuerza en sectores ya vulnerables, donde cualquier pérdida material puede significar retroceder años en condiciones de bienestar.

El daño alcanzó además a la economía familiar. El reporte oficial detalla afectaciones en cultivos como cacao, productos fundamentales para el sustento de la población. Incluso se registró la destrucción de un cementerio, un hecho que añade una dimensión simbólica y emocional al desastre. La tierra no solo removió casas y sembríos: también alteró la memoria colectiva de la comunidad.

En respuesta, el Gobierno Regional de San Martín, municipalidades locales y sectores del Ejecutivo desplegaron acciones de atención inmediata. Se instalaron albergues temporales en el Polideportivo de San José de Sisa y en el mercado municipal de Agua Blanca, donde se reubicó a familias damnificadas. Brigadas de salud realizan atención médica y soporte emocional, mientras equipos técnicos verifican viviendas inhabitables para gestionar el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

El frente energético también enfrenta retos complejos. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que sectores cercanos permanecen sin electricidad y advirtió que la reposición de redes en algunos tramos resulta inviable por el riesgo geológico persistente. Como alternativa, se evalúa un nuevo trazado eléctrico de aproximadamente 5.5 kilómetros, una medida que evidencia cómo los fenómenos naturales obligan a replantear infraestructura completa y no solo reparar daños inmediatos.

Sin embargo, detrás de la emergencia hay una advertencia previa. El INGEMMET recordó que desde años atrás identificó al caserío Eladio Tapullima como un área con susceptibilidad moderada a alta para deslizamientos, derrumbes e inundaciones. Es decir, el desastre no surgió en el vacío: ocurrió en una zona donde los riesgos estaban técnicamente documentados. Ese dato abre una pregunta inevitable sobre cuánto se avanzó, o se dejó de avanzar en prevención, ordenamiento territorial y reducción de vulnerabilidades.

Hoy, mientras familias enteras intentan reconstruir su rutina entre carpas, lodo y pérdidas, la emergencia en El Dorado trasciende el reporte estadístico. Es una señal clara de que en regiones expuestas a amenazas naturales no basta con reaccionar cuando la tierra se mueve.

La verdadera tarea empieza mucho antes: escuchar las alertas, planificar con responsabilidad y proteger a las comunidades antes de que el siguiente deslizamiento vuelva a sorprenderlas.