La Fiscalía Ambiental de Nauta, en Loreto, logró la sentencia contra Juan Meza, quien operaba una red logística con destino a la ciudad de Iquitos. La intervención permitió decomisar embarcaciones y motores valorizados en más de S/ 75 mil.
Más de 570 piezas de madera sin origen legal fueron incautadas en una intervención articulada en Nauta, evidenciando cómo opera el saqueo forestal en la Amazonía. En una región donde los ríos funcionan como carreteras y los bosques aún resisten, esta acción marca un precedente en la lucha contra los delitos ambientales.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) logró una condena contra Juan Meza por el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables en el río Marañón. El sentenciado trasladaba especies como moena, tornillo y cumala, sin acreditar su procedencia legal, confirmando una práctica sistemática que continúa afectando los bosques amazónicos.
Según lo sustentado por la fiscal adjunta provincial Chela Mahua Pérez, el sentenciado no actuaba solo, sino que organizó una operación logística que incluyó la contratación de al menos 10 personas, entre motoristas, ayudantes y cocineros, para trasladar la carga ilegal hacia Iquitos.
La intervención fue ejecutada de manera conjunta por la FEMA, la Comisaría Sectorial de Nauta, la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto y la Capitanía de Puertos de Iquitos. Se corroboró que ninguna de las piezas contaba con documentación que acreditara su origen lícito, una constante en este tipo de delitos que aprovechan la limitada fiscalización en rutas fluviales.
Mediante un acuerdo legal entre el acusado y la fiscalía, el imputado admitió su responsabilidad penal. Como resultado, el Poder Judicial le impuso una pena de tres años y cuatro meses de prisión suspendida, además del pago de S/ 2000 por concepto de reparación civil a favor del Estado. Asimismo, se ordenó el decomiso definitivo de cinco chalupas de aluminio y cinco motores fuera de borda, herramientas clave para estas operaciones ilegales.
Más allá de la sanción, el caso evidencia una problemática estructural. Según informes del Ministerio del Ambiente y organismos internacionales, el Perú pierde miles de hectáreas de bosque cada año, siendo la tala ilegal una de sus principales causas. En regiones como Loreto, donde la presencia del Estado es limitada en zonas rurales, estas economías ilícitas encuentran condiciones para expandirse.
El río Marañón, vital para comunidades indígenas y ribereñas, se ha convertido también en una ruta estratégica para el transporte de madera ilegal. Esta situación amenaza la biodiversidad y afecta directamente a los pueblos originarios, que dependen del bosque para su subsistencia y cultura. En la Amazonía, cada tronco extraído sin control representa una herida abierta. Aunque esta condena constituye un avance, la protección de los bosques peruanos sigue siendo un desafío pendiente.
Por Segundo Chuquipiondo
