La falta de previsión presupuestal vuelve a poner en riesgo oportunidades educativas clave, evidenciando tensiones entre política y desarrollo humano en el Perú.

En medio de cuestionamientos sobre la planificación del gasto público y la sostenibilidad de los programas sociales, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) ha solicitado al Congreso de la República del Perú la aprobación de un crédito suplementario por S/119 millones, destinado a fortalecer dos de los programas más emblemáticos de acceso a la educación: Beca 18 y la Beca Generación del Bicentenario.

Durante su presentación ante la Comisión de Educación, Deporte y Cultura, la ministra María Esther Cuadros defendió la urgencia de estos recursos, detallando que S/105 millones permitirían habilitar 5,316 nuevas plazas para Beca 18, mientras que S/14 millones se destinarían a reactivar la convocatoria de la beca orientada a estudios de posgrado en el extranjero.

En un tono firme pero didáctico, la titular del sector dejó en claro que la paralización de la convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario este año responde exclusivamente a la falta de presupuesto. “No se ha anulado; sería irresponsable convocarla sin financiamiento”, subrayó, intentando disipar dudas sobre la continuidad del programa. Actualmente, 283 becarios continúan sus estudios en el extranjero con financiamiento garantizado.

Sin embargo, más allá del pedido presupuestal, la exposición dejó al descubierto problemas estructurales. La ministra reconoció que el 40 % de los beneficiarios no ha retornado permanentemente al país, mientras que el 38 % incumplió su Compromiso de Servicio al Perú, cifras que reabren el debate sobre la eficiencia del uso de recursos públicos. Más aún si se considera que el Estado llega a invertir hasta S/634,000 por estudiante, con un promedio de S/280,000 por maestría.

En el caso de Beca 18, el panorama muestra avances en cobertura, pero también cambios significativos en su enfoque. Para el 2026, se han previsto 5,184 becas, distribuidas en dos etapas: 1,516 ya adjudicadas en abril y 3,668 que se otorgarán en junio. A ello se suma una inversión de S/177 millones, que incluye S/77 millones para continuidad de estudios y S/100 millones para nuevas plazas, financiados conjuntamente por el MINEDU y el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF).

Uno de los cambios más relevantes es la reorientación hacia la educación pública: el 78 % de los becarios ahora estudia en universidades públicas, frente al 22 % en privadas, una cifra que contrasta con el 75 % de años anteriores en instituciones privadas. Este giro busca optimizar recursos y fortalecer la educación estatal, aunque también plantea interrogantes sobre la calidad y capacidad de absorción del sistema público.

El pedido del Ejecutivo llega en un contexto donde el Congreso ha sido duramente cuestionado por aprobar iniciativas con alto costo fiscal sin respaldo presupuestal. En ese escenario, la solicitud del MINEDU no solo es una demanda financiera, sino una prueba de coherencia política: decidir si se prioriza la inversión en capital humano o se mantiene la improvisación que termina afectando a los sectores más vulnerables.

Al cierre de su intervención, María Esther Cuadros expresó su confianza en que el Parlamento actuará con responsabilidad. Sin embargo, la historia reciente obliga a la cautela. Porque detrás de cada cifra hay miles de jóvenes cuyo acceso a la educación depende no solo de su talento, sino de decisiones políticas que, una vez más, están bajo escrutinio público.