El informe preliminar advierte que, aunque no hubo distorsión de la voluntad popular, los problemas operativos y la desinformación debilitaron la confianza ciudadana y exigen respuestas inmediatas del sistema electoral.

También pone énfasis en la necesidad de una estrategia comunicacional más proactiva del sistema electoral en su conjunto, incluyendo una mayor coordinación entre el JNE, la ONPE y el RENIEC

La Asociación Civil Transparencia presentó su segundo informe preliminar de observación electoral tras las jornadas del 12 y 13 de abril, concluyendo que las Elecciones Generales 2026 se desarrollaron “en términos generales, con normalidad a nivel nacional”, aunque marcadas por graves incidencias logísticas y operativas, especialmente en Lima Metropolitana. El documento, sustentado en el trabajo de miles de observadores desplegados en el país, sostiene que estas fallas no configuran un escenario de fraude ni una distorsión de la voluntad popular, pero sí evidencian debilidades estructurales que deben corregirse con urgencia.

El informe detalla que los principales problemas se concentraron en la capital, donde la entrega tardía de material electoral generó retrasos severos, desorden operativo y falta de información oficial, afectando el normal desarrollo de la jornada. Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones adoptó dos medidas calificadas como “correctas”: la ampliación del horario de votación el domingo 12 y la extensión de la jornada al lunes 13 en locales que no lograron instalarse oportunamente, con el objetivo de garantizar el derecho al voto ciudadano.

Uno de los puntos más críticos señalados por Transparencia fue la implementación del sistema electrónico STAE, aplicado en Lima Metropolitana para optimizar el escrutinio, pero que terminó siendo “contraproducente en varios casos” debido a fallas técnicas, falta de insumos y capacitación insuficiente. En ese sentido, la organización saludó su retiro para la segunda vuelta, considerando que su uso, en el contexto observado, agravó los problemas operativos en lugar de solucionarlos.

El informe también advierte que la falta de comunicación oportuna por parte de los organismos electorales, en especial sobre el sistema de conteo y el proceso de justicia electoral, en un contexto marcado por la desinformación, incrementó la incertidumbre ciudadana. Asimismo, se refirió a la crisis institucional en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señalando que la renuncia de su jefe y las investigaciones en curso deben desarrollarse con respeto al debido proceso, sin politización y sin afectar el calendario electoral.

Pese a las incidencias registradas, Transparencia fue enfática en señalar que estas no fueron sistemáticas ni intencionales y que, sumadas al desarrollo regular de la jornada en regiones, permiten descartar un fraude. Esta conclusión se ve reforzada por el conteo rápido integral realizado en alianza con el National Democratic Institute e Ipsos, el cual confirmó la consistencia de los resultados oficiales con un alto nivel de precisión.

De cara a la segunda vuelta del 7 de junio, la organización planteó 20 recomendaciones clave dirigidas a fortalecer la organización, desarrollo y legitimidad del proceso electoral. Entre las principales medidas dirigidas a la ONPE, se destaca la necesidad de establecer una vocería oficial permanente, crear un repositorio de denuncias y desinformación, transparentar las auditorías externas, mejorar la capacitación de miembros de mesa y optimizar la logística de distribución del material electoral, incluso ampliando el número de proveedores.

Al Jurado Nacional de Elecciones, se le exhorta a reforzar su liderazgo comunicacional frente a las noticias falsas, incrementar el personal jurisdiccional en los jurados electorales especiales y utilizar su red de fiscalizadores para detectar irregularidades de forma temprana. En tanto, a las organizaciones políticas y candidatos se les pide priorizar propuestas sobre ataques personales, respetar las reglas democráticas y evitar discursos que promuevan la inestabilidad institucional.

El informe también pone énfasis en la necesidad de una estrategia comunicacional más proactiva del sistema electoral en su conjunto, incluyendo una mayor coordinación entre el JNE, la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, así como el retorno de comunicados conjuntos claros y oportunos. A los medios de comunicación, se les exhorta a mantener una cobertura equilibrada, objetiva y responsable, evitando amplificar desinformación que pueda exacerbar la incertidumbre.

Finalmente, Transparencia instó a los órganos de control a investigar de manera célere, exhaustiva y no politizada los hechos que originaron los retrasos en Lima Metropolitana, subrayando que cualquier acto de negligencia o corrupción debe ser sancionado con firmeza.

El balance del organismo deja una idea central: si bien el proceso electoral conservó su legitimidad en términos de resultados, las fallas registradas representan una alerta seria sobre la capacidad operativa y comunicacional del sistema electoral, cuya mejora será determinante para restaurar la confianza ciudadana en la segunda vuelta.