La sanciónde 10 añosimpuestapor el Congreso de la Repúblicareabre el debate sobre los límites del poder legislativo, la ética pública y el equilibrio democrático en el Perú.

La política peruana vuelve a quedar bajo controversia tras la decisión del Congreso de la República de aprobar una nueva inhabilitación contra Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, en una votación que ha despertado cuestionamientos sobre la independencia de poderes y el uso de las facultades sancionadoras del Parlamento. A solo 30 días del final del actual periodo legislativo, el caso ha generado un intenso debate nacional: ¿se trata de un acto legítimo de justicia o de un posible abuso de poder?

Durante la sesión plenaria de este jueves, la representación nacional aprobó la sanción contra Delia Espinoza con 70 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, alcanzando los dos tercios requeridos para aplicar una medida de esta naturaleza contra un fiscal supremo. La decisión implica su inhabilitación para ejercer función pública durante 10 años, convirtiéndose en una de las medidas más severas adoptadas por el Parlamento en la etapa final de su mandato.

El trasfondo del caso se remonta a la denuncia presentada por Espinoza contra 11 congresistas, a quienes acusó de promover una ley que permite a determinados legisladores recibir simultáneamente una pensión militar y su remuneración parlamentaria. La iniciativa generó rechazo en diversos sectores ciudadanos y académicos, al considerarse un beneficio privilegiado en un país marcado por profundas desigualdades sociales.

Según la denuncia de la exfiscal, la norma no solo representaba un cuestionamiento ético, sino que podría constituir una presunta infracción constitucional al legislar en beneficio propio. Precisamente este antecedente ha llevado a numerosos analistas y ciudadanos a interpretar la reciente inhabilitación como una eventual represalia política.

Los sectores que respaldaron la sanción sostienen que Delia Espinoza vulneró la inviolabilidad parlamentaria establecida en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, disposición que señala que los congresistas no pueden ser procesados por los votos u opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones legislativas. Bajo ese argumento, el Parlamento defendió la legalidad del procedimiento y la legitimidad de la decisión adoptada.

Sin embargo, las críticas no tardaron en multiplicarse. Diversos sectores consideran que existe una preocupante coincidencia entre la denuncia formulada contra los congresistas y la rapidez con la que avanzó el proceso sancionador. En redes sociales y espacios de análisis político se habla incluso de una presunta “vendetta parlamentaria”, al considerar que el Congreso estaría utilizando sus atribuciones constitucionales como mecanismo de presión contra quienes cuestionan sus intereses.

El caso también ha reavivado el debate sobre la ética parlamentaria y los conflictos de interés dentro del poder político. Para numerosos críticos, la combinación entre el doble cobro autorizado y la posterior inhabilitación de quien denunció esa práctica proyecta una imagen de blindaje político y protección corporativa.

Otro elemento que intensifica la polémica es el contexto temporal en que ocurre esta decisión. Se trata de un Congreso que se encuentra en la etapa final de su gestión, circunstancia que suele generar mayor desconfianza pública frente a decisiones de gran impacto institucional.

La segunda inhabilitación contra Delia Espinoza se convierte así en un nuevo episodio de la persistente confrontación entre los órganos de fiscalización y el poder político en el Perú. Mientras los defensores de la medida sostienen que se trata de un procedimiento constitucional legítimo, amplios sectores ciudadanos consideran que el caso refleja un preocupante debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos democráticos.