Obra emblemática entra en nueva crisis, renuncia colectiva y deuda del Goresam sacuden megaproyecto y crece temor por más retrasos y arbitrajes.
La renuncia irrevocable del colegiado encargado de resolver controversias en la ejecución del proyecto vuelve a poner sobre la mesa las dificultades en la gestión de obras públicas en la región. La falta de pagos y el riesgo de mayores arbitrajes podrían traducirse en más retrasos y sobrecostos que finalmente terminan afectando a la población.
El Centro de Arbitraje y Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín – Tarapoto informó oficialmente la disolución de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) encargada de la obra de la carretera y puente Sauce, uno de los proyectos más importantes y esperados por la población de la región. La medida fue formalizada mediante la Disposición de Secretaría General N.° 13, emitida el 12 de mayo de 2026, luego de que los integrantes del colegiado presentaran su renuncia irrevocable.
La noticia ha generado preocupación debido a que las Juntas de Resolución de Disputas son mecanismos creados precisamente para evitar que los conflictos durante la ejecución de obras públicas terminen en largos procesos arbitrales o judiciales. En este caso, la disolución del mecanismo podría significar nuevos retrasos, mayores costos y una mayor incertidumbre sobre la continuidad del proyecto vial que conecta a la turística localidad de Sauce.
De acuerdo con el pronunciamiento institucional, el Centro de Arbitraje aceptó la renuncia de los adjudicadores y dejó constancia de que las partes involucradas mantienen el derecho de iniciar un nuevo procedimiento para designar a otros miembros de la JRD, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Sin embargo, uno de los aspectos más delicados expuestos en el documento es la deuda pendiente que mantiene el Gobierno Regional de San Martín. Según se informó, existe un monto impago de S/ 155,000, además de intereses legales acumulados, correspondiente a honorarios y gastos administrativos de los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2025.
El director del Centro de Arbitraje y Solución de Conflictos, el doctor Rodolfo Zekerman Moreno Gómez, expresó su preocupación por la situación y advirtió sobre las consecuencias que puede traer la paralización de este mecanismo en una obra considerada emblemática para la región amazónica.
“El funcionamiento de las Juntas de Resolución de Disputas ha demostrado que permite prevenir y resolver controversias de manera más rápida y económica durante la ejecución de una obra pública. Cuando estos mecanismos dejan de funcionar, los conflictos pasan a arbitrajes más largos y costosos, generando retrasos, sobrecostos y afectando directamente a la ciudadanía que espera estas obras”, sostuvo.
La Junta estaba integrada por los ingenieros Hildefonso Tuesta Vela, Javier Choy Reátegui y Juan José Segundo Flores Flores, quienes explicaron que su decisión de renunciar responde a los reiterados incumplimientos de pago por parte del Gobierno Regional y también al requerimiento notarial formulado por la entidad regional, bajo advertencia de resolver el contrato tripartito suscrito con la JRD.
Los profesionales rechazaron además las acusaciones relacionadas con supuestos incumplimientos en las decisiones emitidas por el colegiado. Precisaron que las resoluciones de una Junta de Resolución de Disputas únicamente pueden ser cuestionadas mediante los mecanismos previstos por la ley, como el arbitraje, y no mediante acciones externas o presiones ajenas al procedimiento legalmente establecido.
Especialistas en contratación pública consideran que este tipo de situaciones evidencia las debilidades que aún persisten en la gestión de grandes proyectos de infraestructura en el país, donde las controversias técnicas y administrativas terminan impactando directamente en los plazos de ejecución y en la confianza ciudadana.
El Centro de Arbitraje y Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de San Martín recordó además que actualmente administra más de treinta Juntas de Resolución de Disputas en las regiones de San Martín, Loreto y Amazonas, destacando que gracias a este mecanismo ya se logró concluir y entregar a la población nueve obras públicas valorizadas en más de 300 millones de soles.
La institución remarcó que estos resultados demuestran la importancia de fortalecer herramientas orientadas a prevenir controversias y garantizar la continuidad de las obras públicas, especialmente en las regiones amazónicas donde los proyectos de infraestructura representan una necesidad urgente para miles de ciudadanos.
La situación de la carretera y puente Sauce vuelve a abrir el debate sobre la capacidad del Estado para sostener mecanismos eficientes de solución de conflictos en obras públicas. Mientras tanto, la población observa con preocupación cómo un proyecto clave para la conectividad y el desarrollo turístico de la región podría verse nuevamente atrapado entre disputas administrativas, retrasos y costos adicionales.
