El crimen avanza. La inseguridad crece. Y la ciudadanía percibe que el Estado responde de manera lenta y desarticulada.

Por: General (r) PNP, Milton Javier Cabrera Ríos

Mientras el crimen avanza y el temor se instala en la población, el país enfrenta una preocupante desarticulación institucional. La falta de coordinación, liderazgo y recursos convierte la lucha contra la delincuencia en esfuerzos aislados que debilitan la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos.

Vivimos momentos aciagos en lo referente a la seguridad ciudadana. Todo indica que no existe una verdadera Política Nacional articulada para enfrentar la criminalidad. La sensación colectiva se mueve entre el temor, la incertidumbre y la desconfianza hacia el gobierno y sus autoridades. Esta realidad obliga a formular una pregunta crítica: ¿estamos perdiendo la guerra contra la delincuencia?

El análisis debe centrarse en las leyes que regulan la seguridad ciudadana y, sobre todo, en la forma en que estas son aplicadas por las instituciones y funcionarios comprometidos con esta tarea. Surge entonces otra interrogante: ¿qué nivel de coordinación y respuesta existe entre las entidades involucradas?, ¿es realmente eficiente?, ¿o requiere profundas modificaciones?

En cada región, provincia y distrito del país se reportan actos criminales, algunos con mayor incidencia que otros. Sin embargo, la ciudadanía exige a la Policía Nacional del Perú resultados inmediatos y eficiencia absoluta para combatir y erradicar la delincuencia en todas sus modalidades.

De acuerdo con el Artículo 197 de la Constitución Política del Perú, son las municipalidades las encargadas de brindar el servicio de seguridad ciudadana “con la cooperación de la Policía Nacional del Perú”. Esta disposición se complementa con la Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo Artículo 85 faculta a los gobiernos locales a “establecer un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y la Policía Nacional”, incluyendo además al Serenazgo, rondas urbanas y rondas campesinas.

La norma establece claramente el liderazgo de los gobiernos locales en esta materia. Pero la gran pregunta es: ¿se cumple realmente con lo establecido?

En el Perú existen 196 provincias y más de 1,800 distritos, y no todos cuentan con la misma capacidad económica ni presupuestal para brindar un servicio eficiente de seguridad ciudadana. Las diferencias son evidentes entre Lima Metropolitana y algunas grandes ciudades del país frente a provincias y distritos con recursos limitados.

Esta configuración legal ha terminado generando confusión y descoordinación institucional. Los municipios intentan convertir al Serenazgo en el principal instrumento de protección vecinal; los alcaldes priorizan la implementación de centrales de videovigilancia y monitoreo, mientras que la Policía queda relegada a un rol complementario.

En las jurisdicciones con mayores recursos, el Serenazgo cuenta incluso con más efectivos, equipamiento y vehículos que muchas comisarías. Chalecos antibalas, radios portátiles, cámaras corporales y modernas centrales de videovigilancia contrastan con dependencias policiales que carecen de logística básica para cumplir eficientemente su labor preventiva.

En ciudades con distritos urbanos colindantes se observa otro problema: la existencia de múltiples centrales de videovigilancia independientes, verdaderas “islas de seguridad” sin integración ni coordinación entre sí. Ante un hecho delictivo, la Policía debe solicitar imágenes y registros a cada municipalidad, perdiendo tiempo valioso para la investigación y respuesta inmediata.

Además, debe recordarse que el Serenazgo no posee las facultades legales para reemplazar la función policial. Aunque existe el denominado patrullaje integrado PNP – Serenazgo, muchas veces este mecanismo se distorsiona. En algunos casos, policías son utilizados para labores de fiscalización municipal ajenas a su función preventiva; en otros, se intenta subordinar al personal policial a funcionarios ediles, generando conflictos institucionales que perjudican directamente a la ciudadanía.

La seguridad ciudadana debe ser asumida como una prioridad conjunta entre la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales. Por ello, resulta urgente establecer protocolos claros de actuación coordinada, sin interferir en la principal función policial de prevención del delito y mantenimiento del orden público.

Asimismo, el país necesita invertir seriamente en infraestructura, logística y tecnología para fortalecer las comisarías y unidades operativas. Tal como ocurre en las principales ciudades del mundo, las centrales de emergencias y videovigilancia – como el 911 o el 105 – deberían estar bajo conducción policial, permitiendo una respuesta unificada y eficiente frente a la criminalidad.

La dispersión no solo ocurre entre municipalidades y Policía. También se presenta con instituciones estatales como la SUNAT, SAT, SUTRAN y diversos ministerios, que organizan operativos y actividades propias solicitando apoyo policial sin considerar muchas veces la creciente demanda de seguridad ciudadana y la incidencia delictiva existente.

Por ello, se requiere un verdadero programa interinstitucional articulado, con cronogramas conjuntos y liderazgo operativo claro de la Policía Nacional del Perú, evitando el uso disperso de recursos humanos, logísticos y tecnológicos.

Hoy, la seguridad ciudadana se ha convertido en una “seguridad dispersa”, donde el actor principal – la Policía Nacional – termina siendo utilizada como apoyo de múltiples instituciones, mientras el liderazgo y la responsabilidad se fragmentan.

El crimen avanza. La inseguridad crece. Y la ciudadanía percibe que el Estado responde de manera lenta y desarticulada.

Urge devolver el liderazgo efectivo a la Policía Nacional del Perú, pero acompañado de recursos suficientes, tecnología moderna, logística adecuada y mecanismos permanentes de fiscalización y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Solo así podrá recuperarse la confianza pública y construirse una verdadera política integral de seguridad ciudadana.