Nuevas reglas obligan a funcionarios y servidores del Estado a mantener imparcialidad durante el proceso electoral, bajo riesgo de sanciones administrativas.

El Gobierno peruano reforzó las medidas de neutralidad que deberán cumplir funcionarios, directivos y servidores públicos durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con el objetivo de evitar el uso indebido de recursos estatales con fines políticos. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 073-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que todo trabajador del Estado, sin importar su régimen laboral, deberá actuar con absoluta imparcialidad y neutralidad política durante el proceso electoral de 2026. El Ejecutivo busca impedir que bienes, personal, infraestructura o presupuesto público sean utilizados para favorecer o perjudicar candidaturas u organizaciones políticas.

Entre las principales prohibiciones figuran el uso de vehículos, oficinas, equipos o personal del Estado para actividades de propaganda política, así como cualquier acción desde el cargo público que comprometa la objetividad del servicio estatal. El incumplimiento podría derivar en sanciones administrativas y responsabilidades funcionales.

La disposición también fortalece el rol de las oficinas de integridad de cada entidad pública, encargadas de orientar, prevenir y supervisar posibles infracciones vinculadas al deber de neutralidad. Estas áreas trabajarán en coordinación con la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El Gobierno señaló que las medidas buscan fortalecer la confianza ciudadana y garantizar elecciones transparentes e imparciales. El decreto lleva las firmas del presidente José María Balcázar y del titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

En medio de un escenario de creciente desconfianza política, la norma intenta reforzar los controles sobre el uso de recursos públicos. No obstante, el principal desafío seguirá siendo garantizar el cumplimiento efectivo de estas reglas en todos los niveles del Estado, especialmente en gobiernos regionales y municipalidades.