Con una votación mayoritaria de 100 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó una norma que endurece significativamente las penas para quienes ingresen o faciliten el ingreso de celulares y equipos de comunicación a los establecimientos penitenciarios del país. La medida, que fue exonerada de segunda votación, busca cerrar las brechas de seguridad que permiten a organizaciones criminales continuar operando desde las cárceles.

La iniciativa modifica el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688, estableciendo sanciones más severas para quienes introduzcan, intenten introducir o colaboren en el ingreso de teléfonos móviles, dispositivos de comunicación, cámaras fotográficas y equipos de filmación a los penales. En los casos más graves, especialmente cuando los responsables sean autoridades, abogados, servidores públicos o funcionarios del Estado, las penas podrán alcanzar hasta 15 años de prisión.

La norma también tipifica como delito la posesión indebida de celulares, armas, municiones, explosivos y otros materiales peligrosos dentro de los centros penitenciarios. Asimismo, contempla agravantes cuando estos dispositivos sean utilizados para coordinar actividades delictivas como extorsiones, amenazas o sicariato, delitos que en los últimos años han generado creciente preocupación en el país.

Como parte de las nuevas disposiciones, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú reforzarán los controles para impedir el ingreso de equipos prohibidos. Además, el INPE podrá solicitar autorización al Ministerio Público para realizar operativos especiales destinados a detectar y neutralizar señales de comunicación ilegales dentro de los penales. La ley también fortalece las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones para bloquear comunicaciones ilícitas originadas desde las cárceles.

Durante el debate parlamentario, legisladores advirtieron sobre el aumento de las extorsiones y otros delitos organizados dirigidos desde prisión. Con esta reforma, el Congreso busca recuperar el control de los establecimientos penitenciarios y cortar los canales de comunicación utilizados por las organizaciones criminales para seguir delinquiendo desde el encierro.