Hay hombres que nacen convencidos de que el mundo les debe admiración. Y luego están los funcionarios públicos que creen que un cargo municipal los convierte automáticamente en irresistibles. Cambian el caballo blanco por una camioneta institucional, el perfume caro por arrogancia reciclada y las flores por favores laborales disfrazados de “apoyo”. Son los nuevos conquistadores del presupuesto público: seductores de oficina, galanes de organigrama, depredadores de escritorio.

Porque el problema no es solamente el acoso. El problema es el nivel de impunidad con el que algunos hombres ejercen el acoso. Esa tranquilidad obscena con la que escriben mensajes, insinúan propuestas y tantean mujeres desde una posición de poder, como si el cargo incluyera un cupón de acceso emocional ilimitado. Como si administrar dinero público también les otorgara derechos privados sobre la dignidad ajena.

Y ahí aparece este personaje: el típico funcionario que confunde autoridad con atractivo. El hombre que cree que las mujeres se impresionan con presupuestos, oficinas y puestos gerenciales. El clásico “papi” autoproclamado que necesita condicionar, insistir y ofrecer beneficios laborales para conseguir atención femenina. Porque cuando un hombre necesita usar poder para acercarse a una mujer, no está seduciendo: está demostrando exactamente todo lo que le falta.

Porque no, señor gerente, el hostigamiento sexual no es coqueteo. No es “insistencia”. No es “malinterpretación”. Es violencia envuelta en perfume barato y mensajes de WhatsApp. Es la forma más miserable de ejercer poder.

La denuncia pública de Carina López Veintemilla no describe un malentendido romántico. Describe algo mucho más viejo, más sucio y más frecuente dentro de ciertas instituciones: el machismo con sello municipal. Ese que sonríe en reuniones, habla de ética institucional y luego convierte los espacios laborales en terrenos de presión psicológica para las mujeres.

Y lo más obsceno de esta historia no es solamente la denuncia contra un funcionario de la Municipalidad Provincial de San Martín. Lo verdaderamente escandaloso es la reacción institucional, ese blindaje. El sospechoso silencio. La tibieza quirúrgicamente administrada. Porque cuando una institución protege más rápido a un denunciado que a una víctima de hostigamiento sexual, deja de ser municipalidad y empieza a parecer guarida corporativa de la impunidad.

Treinta días. Eso, según lo expuesto por la defensa legal de la agraviada, habría pedido esperar la alcaldesa. Treinta días en los que la víctima tendría que seguir trabajando bajo ansiedad, miedo y exposición mientras el denunciado continúa ejerciendo funciones como si nada. Qué curioso concepto de protección institucional: pedirle paciencia a la mujer mientras se le garantiza comodidad al hombre denunciado.

Y aquí el sarcasmo ya no alcanza. Porque esta historia tiene un ingrediente todavía más vergonzoso: los antecedentes.

Según el pronunciamiento legal, existiría una denuncia anterior por hechos similares contra el mismo funcionario. Otro caso. Otra trabajadora. Otro expediente aparentemente archivado. Como si la municipalidad tuviera experiencia profesional en convertir denuncias graves en papeles muertos.

Es decir: esto no habría sido un accidente. Habría patrón. Modus operandi. Reincidencia con aroma a expediente archivado.

Y entonces llega la joya burocrática de esta tragicomedia: que antes no se habría podido sancionar porque el funcionario pertenecía al régimen SERVIR-SPAR, el programa de Servidores Públicos de Alto Rendimiento.

Qué ironía tan grotesca.

Alto rendimiento, sí. Aunque no precisamente en ética.

Alto rendimiento en supervivencia institucional.

Porque en este país algunos funcionarios parecen personajes de ficción administrativa: inmunes a consecuencias, resistentes a denuncias y protegidos por un ecosistema entero de silencios cobardes. La ética desaparece misteriosamente cuando el acusado ocupa un cargo importante. Ahí todo se vuelve lento. Prudente. “Técnico”. Como si la dignidad de una mujer necesitara trámite documentario para ser tomada en serio.

Y aquí la situación adquiere un matiz todavía más incómodo. La cabeza de la municipalidad es una mujer. Una alcaldesa. Una autoridad que debería comprender que el acoso sexual no se combate con burocracia anestesiada ni con paciencia institucional. Porque pedirle a una mujer que “espere treinta días” después de denunciar hostigamiento es parecido a decirle a alguien que se incendia que aguarde tranquilo mientras llega el extintor administrativo.

Pero algunas autoridades creen que gobernar es administrar escándalos. Esperan que el tema se enfríe, que la indignación se desgaste y que la denunciante se canse. Lo que no entienden es que ya no estamos en tiempos donde las mujeres bajan la mirada y agradecen migajas laborales a cambio de soportar humillaciones.

Hay silencios que también son declaraciones políticas. Resulta imposible no preguntarse por qué tanta protección. Qué sabe. Qué teme. Qué se intenta evitar. Porque cuando una denuncia grave aparece acompañada de antecedentes similares y aun así la reacción institucional es tibia, las dudas ya no las genera solamente el denunciado, sino toda la estructura que lo rodea.

Lo más triste es que muchos de estos Don Juan realmente se creen irresistibles. Piensan que el dinero seduce. Que el cargo impresiona. Que una mujer necesariamente caerá rendida ante un gerente con poder interno y ego inflado. Lo que jamás imaginan es encontrarse con una mujer que tenga dignidad. Una mujer que no negocie su respeto. Una mujer capaz de denunciar aun sabiendo perfectamente cómo funcionan las redes del blindaje institucional.

Y ahí estuvo el gran error de este Don Juan con presupuesto público: creer que todas las mujeres tienen precio.

Porque el acoso laboral no nace del deseo; nace de la necesidad enfermiza de controlar. De esa necesidad de sentir que puede acercarse impunemente, que puede insinuar, presionar y avanzar sin consecuencias. Por eso el silencio institucional le resulta tan cómodo: porque lo alimenta.

Lo cierto es que esta denuncia ya dejó de ser únicamente contra un funcionario. Ahora también es una prueba moral para toda la municipalidad. Porque cuando una institución reacciona tarde, minimiza antecedentes y aparenta más preocupación por blindar cargos que por proteger personas, termina convirtiéndose en cómplice de aquello que dice combatir.

Y eso sí debería dar vergüenza pública.

Porque al final, el verdadero alto rendimiento no parece estar en SERVIR. Está en la extraordinaria capacidad de ciertos hombres para sobrevivir a denuncias graves gracias a redes de protección institucional que funcionan mejor que cualquier oficina municipal.

Aunque esta vez algo cambió.

Esta vez la mujer habló.

Y cuando una mujer pierde el miedo, los Don Juan de presupuesto público empiezan a quedarse sin oficina donde esconderse.