Más de 50 camionetas de la Policía Nacional operan con limitaciones tras paralización del servicio de radiocomunicación y videovigilancia móvil.
La región San Martín enfrenta una delicada situación en materia de seguridad ciudadana debido a la suspensión del sistema de radiocomunicaciones y cámaras vehiculares instaladas en 51 camionetas de la Policía Nacional del Perú. La interrupción del servicio se mantiene desde abril de este año y viene afectando las labores de patrullaje, monitoreo y respuesta operativa de los agentes policiales.
Carlos Ríos Arce, presidente del Colectivo Paz y Democracia, informó que este moderno sistema fue implementado como parte de un proyecto adjudicado por el Gobierno Regional de San Martín a finales del 2024. El objetivo era fortalecer las capacidades tácticas de la Policía frente al incremento de la delincuencia y el crimen organizado en la región mediante equipos de comunicación estratégica y videovigilancia móvil.
Sin embargo, según documentos revisados por Ríos Arce, el sistema tecnológico permanece paralizado debido a un conflicto económico y arbitral entre la empresa contratista Mannucci Motors y el Gobierno Regional de San Martín. El problema se habría originado tras la aplicación de una penalidad superior al millón de soles por presuntos retrasos en la ejecución del proyecto.
De acuerdo con la información presentada, un laudo arbitral emitido en abril habría dado la razón a la empresa contratista, concluyendo que la penalidad aplicada por el Goresam fue indebida. Pese a ello, el conflicto no habría sido resuelto y actualmente el caso se encontraría en proceso de judicialización, situación que mantiene suspendido el funcionamiento del sistema tecnológico policial.
La Policía Nacional habría solicitado en reiteradas ocasiones el restablecimiento inmediato del servicio, advirtiendo que esta situación compromete seriamente las operaciones tácticas y la atención de emergencias en distintos puntos de la región. Otro aspecto que genera preocupación es la presunta devolución de la carta fianza a la empresa antes de concluir la vigencia total del servicio contratado.
Para diversos sectores ciudadanos, el problema ya no solo representa una disputa legal entre una empresa y el Estado, sino una amenaza directa para la seguridad ciudadana de San Martín. Hasta el momento, el Gobierno Regional no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a este caso, que viene causando preocupación entre la población y autoridades locales. Por: Hugo Anteparra
