Poco sirve que San Martín sea el primer productor de arroz del país si sus campesinos continúan hundidos en la pobreza.

Mientras las carreteras permanecen bloqueadas, comerciante de productos de primera necesidad elevan sus costos, mientras miles de productores arroceros denuncian abandono estatal frente al ingreso ilegal de arroz y las importaciones masivas. Aunque San Martín lidera la producción nacional, sus agricultores venden a pérdida y advierten que la crisis agraria amenaza la seguridad alimentaria del país.

La crisis del arroz no nació ayer: se incubó durante años entre importaciones crecientes, contrabando descontrolado, ausencia de políticas agrarias y una cadena comercial que terminó castigando al productor. Hoy, el Gobierno está llamado a liderar una salida integral. Pero también deben asumir responsabilidad los dirigentes, autoridades, gremios empresariales, comercializadores y molineras.

El conflicto arrocero que hoy mantiene bloqueadas carreteras y movilizados a miles de agricultores en distintas regiones del país no es un problema coyuntural ni un estallido aislado. Es el resultado de una crisis acumulada durante años y agravada por el ingreso de arroz de contrabando, las importaciones masivas y la falta de una política estatal capaz de proteger a los productores nacionales.

La protesta en curso afecta al menos 13 puntos viales y moviliza a más de 14 mil agricultores solo en Piura, según reportes de la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran).

El arroz ilegal que ingresa por las fronteras

Uno de los principales reclamos del sector es el ingreso masivo de arroz de contrabando por las fronteras con Bolivia y la zona de Madre de Dios. Los productores denuncian que este producto extranjero entra sin control sanitario ni tributario y termina inundando los mercados nacionales a precios muy por debajo del costo de producción local.

La modalidad más denunciada consiste en mezclar arroz importado o re-procesado con arroz peruano para luego venderlo bajo marcas nacionales reconocidas como Faraón, Caserita, El Chalán y Valles del Norte, engañando así a los consumidores y afectando directamente la competitividad del agricultor nacional.

El denominado contrabando “hormiga” y también el ingreso masivo de cargamentos ilegales han provocado una sobreoferta que terminó desplomando los precios del arroz en chacra. Productores aseguran que el kilo se paga actualmente entre S/0.50 y S/0.90, cuando hace algunos años el precio permitía al menos cubrir costos operativos. Hoy, muchos agricultores venden a pérdida.

Importaciones legales también golpean al productor

Aunque el contrabando concentra la indignación de los agricultores, las cifras oficiales muestran que las importaciones legales también crecieron sostenidamente.

Datos del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (Sisap) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) revelan que durante el 2025 el Perú importó 146.557 toneladas de arroz, un incremento de 5.58% respecto al año anterior.

Los principales proveedores fueron: Uruguay, con 70.347 toneladas, equivalente al 48% del total.  Brasil, con 57.157 toneladas, representando el 39% y Tailandia, con cerca del 10%.

Solo en enero de 2026, el Perú importó 5.319 toneladas de arroz. Del total, el 61% provino de Uruguay, 37% llegó desde Brasil.  Sin embargo, el temor de los productores no se limita a las cifras oficiales. Los gremios sostienen que parte del arroz asiático subsidiado procedente de países como India, Vietnam y Tailandia estaría ingresando ilegalmente a través de las fronteras vecinas, generando competencia desleal y presión permanente sobre el mercado nacional.

El precio del arroz se derrumba mientras los costos suben

La crisis se agrava porque el productor no solo vende barato, sino que además enfrenta costos cada vez más altos.

Los agricultores denuncian incrementos sostenidos en: Fertilizantes, mano de obra, transporte, combustibles. A ello se suman factores climáticos adversos y problemas de financiamiento.

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y la Asociación Peruana de Productores de Arroz advirtieron que la situación pone en riesgo la economía de miles de familias campesinas y compromete incluso la seguridad alimentaria nacional.

Ambas organizaciones señalaron que el Estado ha sostenido reuniones con los productores, pero sin resultados concretos ni decisiones estructurales. Por ello, respaldaron las movilizaciones y exigieron:

• Declaratoria de emergencia del sector.
• Reajuste de la franja de precios a las importaciones.
• Medidas contra el contrabando.
• Protección efectiva al agricultor nacional.

El paro se endurece y crece la tensión

La protesta no muestra señales de retroceso. En Piura, el agricultor José Pingo Bayona, vocero de los productores del valle de Sechura, confirmó que los arroceros decidieron no enviar representantes a la reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“No hay delegación alguna”, afirmó el dirigente durante declaraciones brindadas a medios nacionales, marcando distancia frente a una convocatoria que, según los agricultores, no garantiza soluciones reales.

En la misma línea, Macario Silva, presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, advirtió que el paro continuará hasta que el Ejecutivo publique oficialmente el decreto de urgencia prometido para atender la crisis. El dirigente señaló que los agricultores evaluarán si las medidas realmente favorecen al agro antes de levantar las protestas.

San Martín produce más, pero sus agricultores siguen perdiendo

La situación golpea con especial dureza a regiones productoras como San Martín, considerada la principal zona arrocera del país.

La pregunta que hoy recorre los campos y carreteras es inevitable: ¿de qué sirve ser el primer productor de arroz del Perú si quienes trabajan la tierra continúan empobreciéndose?

Mientras el arroz circula en mercados y supermercados, miles de familias campesinas sobreviven endeudadas, vendiendo por debajo de sus costos y sin capacidad de recuperación económica.

La crisis revela además profundas fracturas en toda la cadena productiva y comercial. Productores cuestionan el rol de algunos intermediarios, comercializadores y molineras, acusándolos de aprovechar la desesperación del agricultor para imponer precios injustos.

El Gobierno tiene la obligación de conducir una salida

La protesta arrocera ya dejó de ser únicamente un conflicto sectorial. Hoy representa una advertencia nacional sobre el abandono histórico del agro peruano. El Gobierno está obligado a liderar una salida integral y sostenible que incluya:

• Control efectivo del contrabando.
• Revisión de la política de importaciones.
• Fiscalización de mercados y molineras.
• Acceso a financiamiento.
• Reducción de costos productivos.
• Protección del precio al agricultor.
• Fortalecimiento de cadenas de comercialización transparentes.

Pero la responsabilidad no puede recaer solo en el Ejecutivo.

También deben asumir compromisos los dirigentes agrarios, autoridades regionales, gremios empresariales, comercializadores y molineras. El país necesita construir acuerdos pensando en el Perú y no únicamente en intereses particulares. Cuando el agricultor quiebra, no solo pierde el campo. Pierde también la seguridad alimentaria de millones de peruanos.

ADEMAS

• Cifras oficiales de importación de arroz confirman aumentó 5% en volumen en 2025
• Sólo en enero del 2026, Perú importó 5.319 toneladas el 61% procedió de Uruguay, el 37% de Brasil, 1% de Tailandia y 1% de otros orígenes
• Las importaciones de arroz por parte de Perú alcanzaron las 146.557 toneladas en el 2025, mostrando un incremento de 5.58%, frente a las 138.806 toneladas adquiridas el año anterior.

Fuente: Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (Sisap), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Al cierre de la nota, no existe comunicación oficial de la PCM. Intentamos entrevistar a dirigentes de San Martín, sin obtener respuesta.