La deforestación avanza impulsada por economías ilegales y actividades extractivas, mientras la protección de los bosques continúa siendo una tarea pendiente para el Estado, los gobiernos regionales y los actores políticos que aspiran a gobernar el país.

La pérdida de bosques en el Perú continúa alcanzando niveles alarmantes. Entre 2001 y 2024, el país perdió más de 3,2 millones de hectáreas de bosque húmedo amazónico, una superficie equivalente a varias veces el tamaño de regiones enteras del territorio nacional. De acuerdo con información del Ministerio del Ambiente (MINAM) y la plataforma Geobosques, la deforestación mantiene una tendencia persistente y cada vez más compleja, impulsada por la tala ilegal, el narcotráfico, la expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal, los incendios forestales y los cambios no planificados en el uso del suelo.

Las cifras muestran que el período más crítico se registró entre 2011 y 2024, cuando la pérdida anual de cobertura arbórea fluctuó entre 125 mil y 303 mil hectáreas. La pérdida de bosques primarios pasó de 28.696 hectáreas en 2001 a 189.005 hectáreas en 2024, mientras que los bosques húmedos amazónicos alcanzaron uno de sus picos más altos en 2020, con 203.269 hectáreas deforestadas. Las regiones más afectadas continúan siendo Ucayali, Madre de Dios y Loreto, territorios donde convergen actividades extractivas legales e ilegales y una creciente presión sobre los recursos naturales.

Frente a este escenario, diversas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, han advertido la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar los delitos ambientales y las organizaciones criminales vinculadas a la destrucción de los bosques. Sin embargo, pese a la magnitud del problema y a las consecuencias sobre el clima, la biodiversidad y la seguridad hídrica, el tema ambiental sigue ocupando un lugar secundario en gran parte de las propuestas electorales.

En el caso de San Martín, considerada durante años una región referente en conservación y gestión sostenible del territorio, las autoridades han intensificado las acciones de vigilancia durante los últimos dos años. La Autoridad Regional Ambiental (ARA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), el SERNANP, la Policía Nacional del Perú y otras entidades realizaron operativos conjuntos, patrullajes y monitoreo sobre más de 200 mil hectáreas de bosques durante 2025, además de múltiples intervenciones frente a denuncias por tala ilegal y cambio de uso del suelo.

Entre las acciones más relevantes figuran las constataciones fiscales efectuadas en la Concesión de Conservación Tingana, en Moyobamba, donde las autoridades verificaron áreas deforestadas de aproximadamente 8 hectáreas, además de zonas adicionales afectadas por tala y quema de bosques primarios. Las investigaciones derivaron en procesos penales por delitos contra los bosques y formaciones boscosas.

Respecto a las sanciones, sí existen precedentes recientes.

En noviembre de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Juanjuí logró una condena de 7 años y 3 meses de prisión efectiva contra dos personas responsables de la tala ilegal dentro del Área de Conservación El Quinillal, además del pago de una reparación civil de S/ 5.000 cada uno, constituyéndose en uno de los casos más emblemáticos de sanción penal por delitos forestales en la región.

Pese a estos esfuerzos, especialistas y autoridades coinciden en que las intervenciones continúan siendo insuficientes frente a la velocidad con que avanzan las actividades ilegales. La deforestación ya no es únicamente un problema ambiental; se ha convertido en una amenaza para la disponibilidad de agua, la estabilidad climática, la economía rural y la calidad de vida de las futuras generaciones.

Mientras los bosques siguen desapareciendo, el desafío para el país consiste en transformar los discursos de conservación en políticas públicas efectivas, sostenidas y respaldadas por decisiones firmes que permitan frenar una pérdida que, en muchos casos, podría resultar irreversible.