La simbiosis entre el tráfico de drogas y la extracción ilícita de oro no solo redefine el crimen organizado en la región, sino que pone en jaque la supervivencia de los pueblos originarios y la estabilidad ecológica de uno de los pulmones del planeta.

La Amazonía peruana enfrenta una creciente expansión del crimen organizado debido a la articulación entre la minería ilegal y el narcotráfico, según un informe presentado en Lima por la organización Amazon Watch junto a organizaciones indígenas amazónicas.

El estudio señala que ambas actividades ilícitas han conformado una estructura criminal integrada, denominada por los investigadores como “narcocapitalismo”, que aprovecha la limitada presencia del Estado en zonas remotas. Los recursos provenientes del tráfico de drogas financian operaciones de minería ilegal, mientras que el oro extraído ilícitamente es utilizado para el lavado de dinero.

Entre 2014 y 2024, las economías ilegales movilizaron más de US$ 13.300 millones en el Perú. De este total, la minería ilegal generó alrededor de US$ 7.800 millones, superando incluso los ingresos asociados al narcotráfico.

Las principales zonas de operación se ubican en los corredores Ucayali-Huánuco, la Cordillera del Cóndor, Madre de Dios y la Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia. El informe también reporta la presencia de organizaciones criminales transnacionales, entre ellas disidencias de las FARC, así como las bandas brasileñas Comando Vermelho y Primer Comando da Capital.

El impacto sobre los pueblos indígenas es cada vez mayor. Durante 2024 se identificaron más de 12.200 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas, lo que representa un incremento del 147 % respecto a 2018. Además, más de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas se superponen con áreas de actividad cocalera.

En el ámbito ambiental, la minería ilegal ha provocado la deforestación de más de 47.000 hectáreas de bosque amazónico y un aumento de la contaminación por mercurio en ríos y poblaciones cercanas.

Ante esta situación, las comunidades indígenas han implementado sistemas de vigilancia territorial, mientras especialistas recomiendan fortalecer la presencia del Estado, mejorar la trazabilidad del oro, acelerar la titulación de tierras y reforzar la cooperación fronteriza para enfrentar el avance de estas economías ilícitas.