A través de disposiciones diseñadas por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM se busca fortalecer la seguridad digital en el sector público.
La nueva directiva que regula el servicio de correo electrónico institucional en el Estado, aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), establece que las cuentas oficiales no deben utilizarse para registrarse en redes sociales, páginas de compras, plataformas de apuestas o foros de entretenimiento. El objetivo es asegurar que el correo institucional se destine principalmente a las funciones propias del puesto y a la gestión de asuntos públicos.
Asimismo, precisa que los usuarios no están autorizados para emplear el correo para fines personales o comerciales, propaganda política, envío de correos no deseados (spam) o compartir contraseñas con terceras personas.
También recomienda evitar el envío de rumores, bromas o contenido ofensivo que pudiera afectar el honor de las personas o el clima laboral, así como el uso del correo para compartir música, videos o software que vulneren derechos de autor o participen en esquemas fraudulentos.
Medidas para fortalecer seguridad digital
Con el propósito de incrementar la seguridad digital del Estado y prevenir el robo de información, fraudes o suplantación de identidad, la norma dispone que las entidades implementen controles como el bloqueo automático de mensajes peligrosos.
Adicionalmente, se prevé la adopción de mecanismos de doble autenticación para el ingreso desde redes externas, junto con políticas para promover el uso de contraseñas seguras y copias de respaldo periódicas.
La implementación de estas disposiciones será gradual, en función de la capacidad de cada entidad. Los poderes del Estado, organismos autónomos, gobiernos regionales, universidades y empresas estatales cuentan con un plazo máximo de 12 meses para adecuar sus sistemas, mientras que los gobiernos locales disponen de plazos entre 18 y 36 meses.
Finalmente, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM podrá brindar el servicio de correo institucional de manera gratuita a las municipalidades que no cuenten con recursos suficientes, previa solicitud y evaluación. De esta manera, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso con la transparencia, la seguridad de la información y la mejora continua del servicio a la ciudadanía.
