Así no se fortalece la representatividad democrática.

En una de las decisiones más controvertidas de sus últimos días de gestión, el Pleno del Congreso de la República aprobó una modificación al artículo 36 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, que abre la posibilidad de que una autoridad municipal pueda ser elegida con una participación mínima de electores e incluso, en escenarios extremos, con apenas un voto. La iniciativa fue respaldada por 75 congresistas, mientras que 22 votaron en contra y 9 se abstuvieron, además de ser exonerada de una segunda votación, por lo que quedará expedita para su eventual promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

La reforma establece que cuando una elección municipal sea declarada nula debido a que el ausentismo supera el 50 % del padrón electoral, se realizará una única elección complementaria. Sin embargo, la principal novedad radica en que los resultados de ese nuevo proceso serán válidos independientemente del porcentaje de ciudadanos que acudan a votar. En otras palabras, desaparece cualquier exigencia de participación mínima para legitimar la elección de una autoridad local.

El texto aprobado remite directamente al artículo 23 de la misma Ley de Elecciones Municipales, que señala que será proclamado alcalde el candidato de la lista que obtenga la mayor votación. La combinación de ambas disposiciones genera un escenario sin precedentes: aunque la asistencia ciudadana sea extremadamente reducida, la autoridad será proclamada de todas maneras si obtiene más votos que sus competidores.

Diversos especialistas y observadores advierten que la medida constituye un serio retroceso para la calidad de la representación democrática. Hasta ahora, el voto nulo, el voto en blanco y el ausentismo masivo funcionaban como mecanismos de protesta ciudadana frente a candidaturas cuestionadas o percibidas como alejadas de los intereses de la población. Con la nueva norma, ese mensaje pierde eficacia política, pues una elección complementaria ya no podrá ser anulada por falta de participación.

La preocupación aumenta al analizar los escenarios extremos que podría generar la reforma. En teoría, si la gran mayoría de ciudadanos decide no acudir a las urnas o invalida su voto, bastaría con que un candidato movilice a un pequeño grupo de simpatizantes para alcanzar la votación más alta y convertirse en alcalde. El caso más absurdo, pero jurídicamente posible bajo la nueva redacción, sería el de una autoridad elegida con un número ínfimo de votos respecto del universo electoral de su jurisdicción.

El debate adquiere una dimensión aún más sensible si se considera que el Congreso también impulsa iniciativas orientadas a restablecer la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Para los críticos de la reforma, ambas propuestas encajan dentro de una misma lógica política: facilitar la permanencia de quienes ya controlan las estructuras de poder local. Un alcalde en funciones que busque reelegirse mantiene ventajas relacionadas con el manejo del aparato municipal, la visibilidad pública y las redes políticas construidas durante su gestión.

En ese contexto, una eventual elección complementaria con participación reducida podría favorecer a quienes cuentan con una base electoral organizada y recursos para movilizar votantes, mientras que el descontento ciudadano perdería capacidad para expresar un rechazo efectivo a través de la abstención o del voto de protesta. Lejos de fortalecer la democracia representativa, sostienen sus detractores, la norma corre el riesgo de debilitar la legitimidad de las autoridades elegidas y profundizar la distancia entre los ciudadanos y las instituciones.

La reforma aprobada por el Congreso reabre así un debate de fondo sobre la calidad de la representación política en el país. Mientras sus promotores argumentan que permitirá evitar procesos electorales repetitivos y reducir costos para el Estado, sus críticos sostienen que la eficiencia administrativa no puede imponerse sobre la legitimidad democrática. La pregunta que queda en el aire es si una autoridad elegida con una participación marginal puede realmente representar la voluntad de una comunidad.