En Yurimaguas: ¡Invadieron Tintoré!
La ocupación de aproximadamente diez hectáreas del antiguo predio conocido por generaciones como «Tintoré» dejó de ser un espacio silencioso para convertirse, en apenas unas horas, en el escenario de uno de los conflictos sociales más significativos que enfrenta Yurimaguas. Desde la tarde del 30 de junio, cientos de familias comenzaron a ocupar aproximadamente 10 hectáreas del terreno perteneciente a la empresa Nature America S.A.C., ubicado en el asentamiento humano Los Maderos.
La ocupación se inició alrededor de las 5:00 de la tarde del martes. Conforme avanzó la noche fueron llegando más personas y, al amanecer del 1 de julio, el terreno se había transformado en un improvisado asentamiento de chozas cubiertas con plástico negro, estacas de madera, senderos abiertos a machete y lotes delimitados con rafia. Hombres, mujeres, adultos mayores y niños marcaron espacios, reflejando una realidad marcada por la precariedad habitacional.
El terreno tiene una historia conocida. Durante décadas perteneció a un ciudadano español conocido popularmente como Tintoré, nombre que aún identifica el lugar. Posteriormente pasó a manos de Nature America S.A.C., empresa constituida formalmente el 24 de marzo de 2008, cuya sede figura en la calle Espitana, manzana LL, lote 11, del asentamiento humano Los Maderos. En los últimos años la administración estuvo a cargo de ciudadanos de nacionalidad china, quienes trasladaron progresivamente sus operaciones hacia Pucallpa. Según vecinos del sector, desde 2025 comenzó el retiro de maquinaria y durante este año el predio permaneció sin vigilancia permanente, situación que habría facilitado la ocupación masiva.
Sin embargo, el aparente abandono del inmueble no modifica su condición jurídica. La Constitución Política del Perú, en su artículo 70, establece que el derecho de propiedad es inviolable, precisando que ninguna persona puede ser privada de sus bienes salvo por razones de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago de una indemnización. Asimismo, el Código Penal tipifica el delito de usurpación, sancionando la ocupación ilegal de inmuebles y contemplando penas que pueden agravarse según las circunstancias.
Este escenario coloca frente a frente dos derechos fundamentales. Por un lado, el legítimo anhelo de cientos de familias de acceder a una vivienda digna; por otro, la obligación del Estado de garantizar el respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de la ley. Ambos principios cuentan con respaldo constitucional, pero su coexistencia evidencia las profundas limitaciones de las políticas públicas relacionadas con el acceso al suelo urbano.
El crecimiento desordenado de Yurimaguas, la expansión de asentamientos humanos y la ausencia de programas efectivos de vivienda han generado un contexto donde numerosas familias consideran que ocupar un terreno representa la única alternativa para aspirar a un patrimonio. Esta realidad no solo refleja un problema legal, sino también una deuda social acumulada durante décadas.
Hasta el cierre de esta edición no existía información oficial sobre reuniones entre representantes de Nature America S.A.C. y los ocupantes del predio. Entre los pobladores circulaba la versión de que podría evaluarse la situación de quienes no poseen propiedades inscritas a su nombre, con la posibilidad de estudiar mecanismos que permitan acceder legalmente a lotes mediante pagos en cuotas. Sin embargo, dicha alternativa continúa siendo una expectativa sin confirmación oficial.
La situación vuelve a poner sobre la mesa una problemática estructural que trasciende este caso particular. Yurimaguas enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre el respeto al Estado de derecho y la atención de las necesidades sociales más urgentes. La respuesta difícilmente llegará únicamente desde la aplicación de la ley, sino mediante políticas públicas de vivienda, planificación urbana y acceso legal al suelo. Por Segundo Chuquipiondo.
