Sin recursos, personal especializado ni autonomía suficiente, las Direcciones Regionales de Energía y Minas corren el riesgo de convertirse en simples oficinas de trámite, comprometiendo la formalización minera, la electrificación rural y la presencia efectiva del Estado en las regiones.

La descentralización del sector minero-energético nació con la promesa de acercar el Estado a las regiones y fortalecer su capacidad de gestión. En ese proceso, las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) fueron concebidas como instituciones técnicas llamadas a liderar la gestión de la minería, la energía y los hidrocarburos desde los gobiernos regionales. Sin embargo, esa apuesta muestra hoy claros signos de debilitamiento. Así lo sostiene el ingeniero Rafael Rengifo del Castillo, quien advierte que estas dependencias están perdiendo capacidades y corren el riesgo de convertirse en simples oficinas administrativas.

El especialista recuerda que el artículo 59 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales asignó a las DREM funciones estratégicas como formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas públicas en materia de energía, minas e hidrocarburos, además de promover inversiones, supervisar la pequeña minería y minería artesanal, impulsar proyectos de electrificación rural y ejercer competencias ambientales. Su misión fue fortalecer la presencia del Estado en territorios donde las actividades minero-energéticas tienen un enorme impacto económico, social y ambiental.

Durante los primeros años de la descentralización, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) impulsó la transferencia de funciones con recursos, asistencia técnica y capacitación. Entre 2004 y 2011 desarrolló programas para fortalecer las capacidades regionales y posteriormente continuó formando especialistas en procedimientos mineros, evaluación ambiental, formalización, fiscalización y consulta previa. Existía una política orientada a consolidar direcciones regionales con capacidad técnica.

Con el paso del tiempo, esa política perdió impulso. Según Rafael Rengifo del Castillo, muchas DREM sobreviven gracias a convenios entre el MINEM y los gobiernos regionales, algunas transferencias presupuestales, recursos provenientes de OSINERGMIN y los ingresos generados por los procedimientos del TUPA. Sin embargo, estos mecanismos no garantizan un fortalecimiento permanente.

El principal problema es que los recursos que generan las propias direcciones no siempre retornan para mejorar sus servicios. Cuando esos ingresos son absorbidos por la administración regional y no se destinan a contratar especialistas, modernizar equipos, digitalizar expedientes o fortalecer las inspecciones de campo, las funciones continúan existiendo en la norma, pero pierden eficacia en la práctica.

La contradicción resulta evidente. A las DREM se les exige atender expedientes mineros, evaluar instrumentos ambientales, impulsar la formalización, supervisar la pequeña minería y ejercer labores de fiscalización, mientras enfrentan limitaciones presupuestales, escasez de profesionales especializados y reducida autonomía operativa.

El autor reconoce algunos esfuerzos recientes, como la transferencia realizada en 2026 al Gobierno Regional de Ucayali por S/ 200 000 para fortalecer la gestión minero-energética. No obstante, considera que estas medidas son insuficientes si no forman parte de una política permanente de fortalecimiento institucional.

Asimismo, recuerda que la Ley N.° 28964 dispone que el 30 % de las multas impuestas por OSINERGMIN a empresas mineras sea distribuido entre las DREM donde exista pequeña minería y minería artesanal para financiar exclusivamente las labores de supervisión y fiscalización. Para Rafael Rengifo del Castillo, este mecanismo confirma que, si las funciones son regionales, también debe fortalecerse directamente el financiamiento regional.

El especialista advierte que continuar debilitando estas instituciones afectará procesos fundamentales como la formalización minera, la evaluación ambiental, la electrificación rural, la promoción de inversiones sostenibles y la supervisión de actividades extractivas, reduciendo además la capacidad del Estado para responder a las necesidades de las regiones.

Por ello plantea una agenda de fortalecimiento basada en presupuesto protegido para las funciones minero-energéticas, retorno efectivo de los ingresos del TUPA para mejorar los servicios, capacitación permanente, asistencia técnica descentralizada, equipos multidisciplinarios e interoperabilidad digital con el MINEM.

La reflexión final de Rafael Rengifo del Castillo cobra especial importancia para regiones como San Martín, donde la gestión responsable de los recursos naturales requiere instituciones sólidas. La descentralización solo será efectiva si las funciones transferidas van acompañadas de recursos, capacidad técnica y financiamiento. De lo contrario, las Direcciones Regionales de Energía y Minas terminarán siendo el reflejo de una descentralización que aún permanece inconclusa.