El desorden de las finanzas públicas no solo condicionará las decisiones del próximo gobierno, sino que también podría retrasar obras y servicios que miles de peruanos, especialmente en regiones como San Martín, esperan desde hace años.
El nuevo gobierno asumirá el país con un escenario fiscal mucho más complicado de lo previsto, una situación que podría tener consecuencias directas en la ejecución de obras y programas destinados a las regiones. La advertencia fue realizada por Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal y exministro de Economía, quien señaló que la próxima administración heredará un importante desorden fiscal y numerosas obligaciones de gasto que no cuentan con financiamiento, lo que obligará a priorizar recursos antes que impulsar nuevos proyectos. Durante una entrevista explicó que el reciente crédito suplementario de casi S/ 10,000 millones, equivalente a cerca de un punto del Producto Bruto Interno (PBI) y considerado el mayor de la historia, apenas cubre una parte de los compromisos ya asumidos por el Estado. Incluso, precisó que ese monto no alcanza para cubrir todas las obligaciones vigentes, por lo que será necesario destinar recursos adicionales para enfrentar el déficit inmediato.
Según Segura, esta situación se originó por la aprobación de diversas leyes en el Congreso que incrementaron el gasto público sin establecer las fuentes de financiamiento correspondientes. Aunque esos compromisos no fueron incorporados oportunamente en el presupuesto nacional, hoy constituyen obligaciones que el Estado deberá cumplir, reduciendo el margen de maniobra del próximo gobierno para atender nuevas demandas ciudadanas.
Para regiones como San Martín, donde aún existen importantes brechas en carreteras, hospitales, centros educativos, sistemas de agua y saneamiento, conectividad digital y proyectos de desarrollo productivo, un escenario de estrechez fiscal representa el riesgo de que muchas inversiones se posterguen o avancen con mayor lentitud. En una región que busca consolidar su crecimiento económico, fortalecer la competitividad agrícola, impulsar el turismo y conservar la Amazonía, la disponibilidad de recursos públicos será determinante para mantener el ritmo de las inversiones.
El desafío para la nueva administración será, por tanto, restablecer el equilibrio de las finanzas públicas sin paralizar el desarrollo regional. Ello exigirá disciplina fiscal, una mejor priorización del gasto, mayor eficiencia en la ejecución de los recursos y la capacidad de atraer inversión privada que complemente el esfuerzo del Estado. Solo así será posible garantizar que las regiones continúen cerrando brechas sociales y de infraestructura, incluso en un contexto de limitaciones presupuestales.
