Según el mapa de la corrupción en el país
La transparencia no solo exige sancionar la corrupción, sino identificar dónde se concentra para prevenir que siga afectando a la ciudadanía.
La plataforma «Sancionados», desarrollada por Convoca.pe con información oficial de la Contraloría General de la República, ofrece por primera vez un panorama detallado sobre la inconducta funcional y los presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos en el país. La herramienta reúne las sanciones administrativas impuestas por el órgano de control y permite identificar qué regiones, entidades y sectores concentran el mayor número de casos, además de mostrar mapas interactivos, rankings, visualizaciones y un buscador especializado para seguir la ruta de las irregularidades que han generado perjuicio al Estado.
Entre los principales hallazgos, la investigación revela que 30 funcionarios públicos fueron inhabilitados tras determinarse responsabilidades por ocasionar un perjuicio económico superior a los S/ 15 millones al Estado. La plataforma también evidencia que las sanciones no son hechos aislados, sino que responden a patrones de gestión que se repiten en distintas regiones y entidades públicas, permitiendo conocer cuáles son las modalidades de inconducta funcional más frecuentes y dónde se concentran los mayores niveles de riesgo.
En el caso de la Amazonía peruana, el mapa elaborado por Convoca.pe muestra diferencias importantes entre las regiones. San Martín aparece clasificada con nivel alto de inconducta funcional, una condición que la ubica entre los departamentos amazónicos con mayor concentración de funcionarios sancionados. También presentan nivel alto las regiones de Loreto y Ucayali, mientras que Amazonas y Madre de Dios se encuentran en nivel medio, reflejando una incidencia menor, aunque igualmente significativa, de sanciones vinculadas a la gestión pública.
La situación de San Martín adquiere especial relevancia porque la región ha venido ejecutando importantes inversiones en infraestructura, salud, educación, transportes y proyectos productivos, lo que exige mayores estándares de transparencia y control. El hecho de figurar dentro del grupo de regiones con nivel alto de inconducta funcional representa una señal de alerta para fortalecer los mecanismos de fiscalización, la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas, especialmente en un contexto donde la eficiencia del gasto público resulta determinante para cerrar brechas sociales.
La plataforma «Sancionados» busca precisamente convertir la información pública en una herramienta de control ciudadano. A través de sus mapas interactivos y bases de datos es posible conocer qué entidades acumulan más sanciones, cuáles son las irregularidades más recurrentes y qué funcionarios fueron responsabilizados administrativamente por la Contraloría General de la República. Esta información permite comprender que la lucha contra la corrupción no depende únicamente de castigar a los responsables, sino también de prevenir que las malas prácticas vuelvan a repetirse mediante una gestión pública más transparente y con mayor acceso a la información para la ciudadanía.
Para San Martín, donde la demanda por mejores servicios públicos y obras de calidad continúa siendo una prioridad, los datos de esta plataforma representan una oportunidad para reforzar el control institucional y la vigilancia social. Más allá del número de sanciones, el verdadero desafío consiste en reducir las condiciones que favorecen la inconducta funcional y garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a la población que más los necesita. Fuente: Convoca.pe
