Las reformas impulsadas para promover inversiones generan preocupación entre organizaciones indígenas y ambientales, que advierten posibles retrocesos en la protección de los bosques y los derechos de las comunidades amazónicas.

Diversas reformas legislativas impulsadas en los últimos años han reavivado el debate sobre el futuro de la Amazonía peruana. Organizaciones indígenas, especialistas y entidades de la sociedad civil sostienen que varias normas aprobadas por el Congreso de la República podrían debilitar la protección ambiental y favorecer la expansión de actividades que afectan los territorios amazónicos.

Entre las principales observaciones figura la Ley N.° 32293, cuya derogatoria solicitan diversos colectivos al considerar que debilita la protección territorial de comunidades indígenas. También cuestionan el Proyecto de Ley N.° 13084/2025-PE, que modifica las reglas para la rehabilitación de 119 zonas contaminadas por petróleo en Loreto, un problema que permanece sin resolverse desde hace más de una década.

Asimismo, organizaciones ambientales plantean revisar la Ley N.° 31973, al advertir que facilitaría procesos de deforestación en áreas de alto valor ecológico, como la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, además de fortalecer la Ley N.° 26834 para garantizar una mayor protección de las Áreas Naturales Protegidas. También expresan preocupación por el Proyecto de Ley N.° 10349/2024-CR, cuestionado por organizaciones asháninkas debido a sus posibles impactos sobre ríos y territorios indígenas.

La directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Isabel Calle, señaló que existe una falta de coordinación entre las entidades encargadas de otorgar permisos y licencias para proyectos de hidrocarburos, minería, carreteras y otros sectores, situación que incrementa los conflictos socioambientales. Añadió que el país mantiene una deuda histórica con la Amazonía y que el desarrollo debe armonizarse con la conservación de los ecosistemas y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

El informe también recuerda que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2017, ha sido prorrogado en varias oportunidades sin resolver el problema de la minería informal, mientras que el Acuerdo de Escazú continúa pendiente de ratificación, en un contexto donde aumentan las exigencias internacionales para fortalecer la protección ambiental y de los defensores ambientales.

El escenario refleja el desafío de encontrar un equilibrio entre la promoción de inversiones, la seguridad jurídica y la conservación de la Amazonía, uno de los principales patrimonios naturales y culturales del país.