Interceptaciones telefónicas revelarían coordinaciones entre Jesel del Castillo Rodríguez y el notario Luis Enrique Cisneros Olano.
Sala Penal de Apelaciones de San Martín revocó la comparecencia restringida de Jesel del Castillo Rodríguez al considerar que existen graves elementos de convicción por los presuntos delitos de falsificación de documentos, acceso ilícito y banda criminal, además de un alto riesgo de obstaculización de la investigación.
La Sala Penal de Apelaciones de San Martín, con sede en Tarapoto, revocó la medida de comparecencia restringida que beneficiaba a Jesel del Castillo Rodríguez y ordenó nueve meses de prisión preventiva en su contra, al encontrar fundados y graves elementos de convicción que lo vinculan con una presunta organización dedicada a la falsificación de documentos notariales, el acceso ilícito a sistemas informáticos y el despojo de bienes mediante transferencias fraudulentas. La resolución también dispone su inmediata ubicación y captura a nivel nacional para su internamiento en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones.
El caso se inició a raíz de la denuncia presentada por Rile Provincia Inca, quien en noviembre de 2024 descubrió que su vehículo, valorizado en aproximadamente 35 mil dólares, había sido transferido ilegalmente ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) a nombre de terceros por apenas 4 mil 900 soles. Las investigaciones determinaron que la operación fue realizada utilizando documentación falsa en la Notaría Cisneros Olano de Tarapoto, donde se habrían falsificado firmas y huellas dactilares para aparentar la legalidad del trámite. Según la investigación fiscal, Jesel del Castillo Rodríguez, quien laboraba en dicha notaría, habría utilizado claves de acceso pertenecientes a ex trabajadores para ingresar sin autorización al sistema informático y concretar la transferencia fraudulenta.
Durante el desarrollo de la investigación, el Ministerio Público concluyó que este hecho no constituía un caso aislado, sino que formaba parte de un esquema criminal organizado que venía operando desde el año 2018. La Sala Superior coincidió con esta tesis y reconoció la existencia de una presunta banda criminal integrada por Jesel del Castillo Rodríguez, su conviviente Sarita Paredes y otras investigadas, entre ellas Gina Mostacero y María Nataly Saavedra. De acuerdo con la resolución judicial, el grupo inició sus actividades ilícitas en la provincia de Picota, aprovechando las prolongadas licencias médicas del entonces notario Alfredo Becerra Hernández, periodo durante el cual habrían prestado servicios notariales de manera irregular, utilizando presuntamente la firma falsificada del notario para validar diversos actos jurídicos.
La investigación señala que, tras el cese del notario Alfredo Becerra Hernández en el año 2020, las operaciones de la organización se trasladaron a la Notaría Cisneros Olano de Tarapoto, donde el imputado habría continuado ejecutando el mismo modus operandi. Según la Fiscalía, la organización utilizaba la infraestructura de las notarías, incluyendo computadoras, sellos oficiales y equipos de identificación biométrica de RENIEC, para elaborar documentos falsificados y registrar transferencias fraudulentas. Entre las modalidades detectadas figuran la denominada «clonación de vehículos», mediante la cual se apropiaban ilegalmente de unidades vehiculares suplantando la identidad de los propietarios, y el despojo de viviendas desocupadas mediante la falsificación de documentos notariales que posteriormente eran inscritos en los registros públicos.
Para sustentar la prisión preventiva, la Sala Penal valoró diversas evidencias que, a su criterio, vinculan directamente al investigado con los hechos. Una de las pruebas más importantes corresponde al informe pericial dactiloscópico N.° 03-05-2025, el cual concluyó que las huellas digitales y las firmas estampadas en las actas de transferencia del vehículo no pertenecían al agraviado Riley Provincia Inca, sino que coincidían físicamente con las del propio Jesel del Castillo Rodríguez. A ello se suma la declaración del investigado, quien reconoció haber falsificado la firma del propietario del vehículo y admitió haber recibido pagos que fluctuaban entre mil 500 y dos mil soles por realizar dichos trámites, presuntamente a solicitud de su coimputada Gina Mostacero.
La resolución judicial también hace referencia a la existencia de al menos seis carpetas fiscales abiertas por hechos similares, lo que, según la Sala, evidencia una conducta reiterativa y una continuidad en la actividad delictiva atribuida al investigado. Asimismo, se precisa que las víctimas de estos presuntos fraudes residen en diferentes regiones del país, entre ellas Cusco, Madre de Dios y Trujillo, lo que demostraría que la organización contaba con una logística de alcance nacional para captar víctimas y ejecutar operaciones fraudulentas relacionadas con vehículos e inmuebles.
Otro de los aspectos determinantes para que la Sala revocara la comparecencia restringida fue el análisis del peligro de obstaculización del proceso penal. Los magistrados evaluaron interceptaciones telefónicas que revelarían coordinaciones entre Jesel del Castillo Rodríguez y el notario Luis Enrique Cisneros Olano, quien también viene siendo investigado por el presunto delito de omisión impropia. Según la resolución, en dichas conversaciones el investigado informaba al notario sobre las declaraciones que brindaría ante las autoridades, indicando que asumiría la responsabilidad junto con otra investigada y que desvincularía de los hechos a su conviviente. Las respuestas del notario, consistentes en expresiones de aprobación, fueron interpretadas por la Sala como indicios de una presunta coordinación destinada a influir en el desarrollo de la investigación y afectar el esclarecimiento de la verdad.
Los magistrados también cuestionaron el supuesto arraigo laboral alegado por la defensa del imputado. La resolución considera poco creíble que el notario haya mantenido laborando en la notaría a una persona que, según la propia denuncia presentada por él, habría falsificado documentos y vulnerado la fe pública. Además, se advirtió que tanto el notario como el investigado compartían la misma defensa legal, circunstancia que para la Sala constituye un evidente conflicto de intereses y refuerza la existencia de una relación de dependencia que podría facilitar la coordinación de versiones o la manipulación de testigos y otros investigados.
En cuanto a la eventual condena, la Sala tomó en cuenta la prognosis de pena presentada por el Ministerio Público, la cual supera ampliamente el mínimo exigido por la ley para dictar prisión preventiva. La Fiscalía estimó que, por los delitos de falsificación de documentos y acceso ilícito a sistemas informáticos, cometidos en concurso ideal y con la agravante de haber abusado del cargo desempeñado dentro de la notaría, correspondería una pena de cinco años y diez meses de prisión. A ello se suma la sanción prevista para el delito de banda criminal, con lo cual la expectativa total de condena asciende a nueve años y diez meses de pena privativa de libertad.
Tras evaluar todos estos elementos, la Sala Penal de Apelaciones concluyó que la prisión preventiva constituye la única medida idónea, necesaria y proporcional para garantizar el desarrollo del proceso penal, evitar una eventual fuga del investigado y prevenir que continúe ejerciendo influencia sobre testigos, coimputados o personas vinculadas al caso. Por unanimidad, los magistrados resolvieron revocar la comparecencia restringida, declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el plazo de nueve meses y ordenar la inmediata ubicación y captura de Jesel del Castillo Rodríguez a nivel nacional. En la resolución se enfatiza que los hechos investigados habrían afectado gravemente la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en la función notarial, razón por la cual resulta indispensable asegurar la presencia del imputado durante todas las etapas del proceso penal. Por: Hugo Anteparra
Nota de redacción: Repasando los hechos
En abril 2025en un reportaje emitido por el “Programa periodístico Enfoques”, este diario da cuenta que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto ha dado un giro crucial en una investigación que sacude el sistema notarial de San Martín. Bajo sospecha están ex trabajadores de la defenestrada notaría Becerra Hernández de Picota y, en el centro de la tormenta, el notario Luis Enrique Cisneros Olano.
La pesquisa, que incluye delitos como falsedad documental, falsedad ideológica, banda criminal, receptación agravada y acceso ilícito, plantea interrogantes serios sobre la posible complicidad u omisión impropia por parte de Cisneros Olano, figura ya conocida en el ámbito judicial por denuncias previas que, curiosamente, han terminado archivadas.
Las acciones delictivas habrían ocurrido incluso dentro de su propia notaría, utilizando recursos como equipos informáticos, firmas biométricas y sistemas de seguridad digital, vulnerados para facilitar actos fraudulentos.
El escándalo se remonta a la notaría Becerra Hernández, en Picota, durante la ausencia del notario titular por motivos de salud. En ese periodo, Cisneros Olano asumió la responsabilidad del despacho, y bajo su supervisión trabajaron los hoy investigados Jesel del Castillo Rodríguez y María Nátaly Izabedra Tuesta, sindicados como miembros de una presunta banda criminal dedicada a falsificar documentos y suplantar identidades, da cuenta el reportaje.
