- Ciudadanos denuncian que las intervenciones se concentran en motocicletas y trimóviles, mientras que automóviles y camionetas mal estacionados no serían sancionados con el mismo rigor, por lo que exigen procedimientos más equitativos y transparentes.
Los operativos que viene realizando el personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Tarapoto para sancionar a conductores que estacionan sus vehículos en zonas prohibidas han generado cuestionamientos por parte de la población. Los ciudadanos consideran que las intervenciones no se desarrollan de manera equitativa, ya que, según afirman, las acciones se enfocan principalmente en motocicletas y trimóviles.
De acuerdo con los reclamos, automóviles y camionetas que también permanecen mal estacionados en lugares restringidos no estarían siendo sancionados con la misma rigurosidad. Esta situación ha generado malestar entre los transportistas y vecinos, quienes consideran que la aplicación de las normas debe ser igual para todos, sin distinción del tipo de vehículo.
Los cuestionamientos también apuntan a la falta de unidades de remolque para trasladar vehículos de mayor tamaño al canchón municipal. Según los denunciantes, esta limitación impediría que el SAT actúe contra automóviles y camionetas que ocupan espacios prohibidos, mientras que las motocicletas y trimóviles sí son retirados con mayor facilidad.
Asimismo, algunos ciudadanos señalaron que los agentes policiales que acompañan los operativos no siempre actuarían conforme al procedimiento esperado. Indicaron que, en algunos casos, cuando los propietarios llegan al lugar para reclamar sus unidades, estas son trasladadas al canchón municipal y las papeletas serían impuestas posteriormente, situación que, según afirman, genera dudas sobre la transparencia del proceso. Ante esta situación, la población solicitó a la Municipalidad Provincial de San Martín y a la Policía Nacional revisar los procedimientos aplicados durante los operativos, con el objetivo de garantizar que las sanciones se impongan de manera uniforme y conforme a la normativa vigente, fortaleciendo la confianza ciudadana en las acciones de fiscalización. Por Hugo Anteparra
