Crónica de una región que pierde su patrimonio natural mientras se profundiza un modelo de desarrollo que consume su futuro.

Por: Neptalí Santillán Ruiz

Durante décadas, San Martín fue presentado como un ejemplo exitoso de transformación amazónica peruana. La región logró reducir significativamente los cultivos ilícitos, expandió su frontera agrícola, consolidó cadenas productivas de café, cacao y palma aceitera, mejoró su conectividad vial y se convirtió en una referencia nacional de crecimiento económico regional. Sin embargo, detrás de esta narrativa de progreso se esconde una realidad preocupante: la pérdida acelerada de sus bosques.

Las cifras son contundentes. En las últimas dos décadas, San Martín ha perdido cerca de 480 mil hectáreas de bosque primario húmedo. La deforestación acumulada supera los 1,4 millones de hectáreas, ubicando a la región entre las más afectadas de la Amazonía peruana. Solo en 2022 desaparecieron más de 17 mil hectáreas de cobertura forestal. Las provincias de Lamas y San Martín, así como las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul y la Cordillera Escalera, continúan enfrentando tala, quema e invasión de bosques.

La pregunta es inevitable: ¿cómo una región que se presenta como modelo de desarrollo sostenible puede perder semejante cantidad de patrimonio natural?

La explicación suele apuntar a la agricultura migratoria, la tala ilegal o la pobreza rural. Sin embargo, estas respuestas muestran solo una parte del problema. La verdadera discusión debe centrarse en el modelo de desarrollo que ha impulsado la ocupación progresiva de San Martín durante las últimas décadas.

Más del 80 % de la deforestación regional está vinculada al cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias. La expansión del café, cacao, palma aceitera y ganadería ha sido presentada como una historia de éxito económico. No obstante, cada nueva hectárea incorporada a la producción representa una hectárea menos de bosque amazónico. A ello se suman miles de pequeños agricultores que, ante la falta de tecnología, crédito y asistencia técnica, continúan reproduciendo prácticas de tala y quema que empujan la frontera agrícola hacia los bosques primarios.

Pero la presión sobre los ecosistemas amazónicos no termina allí.

La minería ilegal ha comenzado a expandirse hacia zonas de Tocache, Shunté, Chipurana y Huimbayoc. El uso indiscriminado de mercurio amenaza los ríos, la pesca y la salud de miles de familias. El narcotráfico continúa abriendo caminos clandestinos y destruyendo bosques para instalar cultivos ilícitos. Paralelamente, nuevas carreteras y trochas facilitan la ocupación de territorios antes inaccesibles, acelerando la invasión de tierras y el tráfico ilegal de recursos naturales.

Las consecuencias ya son visibles.

Las comunidades rurales enfrentan pérdida de fertilidad de los suelos, menor disponibilidad de agua, reducción de la productividad agrícola y creciente inseguridad alimentaria. Allí donde antes existían bosques que regulaban el clima y protegían las fuentes de agua, hoy aparecen extensiones degradadas que generan menores rendimientos y mayor vulnerabilidad económica.

Las ciudades tampoco escapan a esta crisis. Tarapoto, Moyobamba y Juanjuí experimentan cada vez más interrupciones en el abastecimiento de agua potable. Las temperaturas aumentan, las sequías son más prolongadas y las lluvias más intensas. Los costos de producción agrícola se incrementan y los alimentos se encarecen. La pérdida del bosque amazónico comienza a sentirse en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

A esta situación se suma otra amenaza: la contaminación por metales pesados. El mercurio utilizado por la minería ilegal ingresa a los ríos y se incorpora a la cadena alimentaria. Los peces consumidos por comunidades ribereñas pueden convertirse en vehículos silenciosos de intoxicación, afectando especialmente a niños y mujeres gestantes.

Frente a este escenario, diversas iniciativas han intentado responder al desafío. Los bonos de carbono, programas de agricultura sostenible, contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales y mecanismos de monitoreo satelital representan esfuerzos importantes para reducir la presión sobre los bosques.

Sin embargo, surge una interrogante fundamental: ¿son suficientes estas medidas para enfrentar un problema estructural? La experiencia demuestra que la deforestación no es únicamente una cuestión ambiental. Es, sobre todo, una expresión de profundas contradicciones económicas, sociales y políticas.

Mientras los bosques generan servicios ambientales indispensables para toda la sociedad, las ganancias derivadas de su transformación suelen concentrarse en pocos actores económicos. Los costos, en cambio, son asumidos por las comunidades rurales, los pueblos indígenas y las poblaciones urbanas que dependen del agua, del clima estable y de los recursos naturales para su bienestar.

La paradoja es evidente: el mismo modelo que genera crecimiento económico también amenaza las bases ecológicas que sostienen dicho crecimiento. Por ello, la solución no puede limitarse a la vigilancia satelital, la reforestación o los bonos de carbono. San Martín necesita transformar profundamente su relación con el territorio. Esto implica proteger las cabeceras de cuenca, fortalecer la agricultura familiar sostenible, ampliar los sistemas agroforestales, garantizar la titulación de comunidades indígenas, combatir frontalmente la minería ilegal y promover actividades económicas capaces de generar valor agregado sin destruir los ecosistemas.

La discusión de fondo es sencilla pero trascendental: ¿qué tipo de desarrollo queremos para San Martín y la Amazonía?

Si el bosque continúa siendo visto únicamente como una reserva de tierras disponibles para nuevas actividades económicas, la deforestación seguirá avanzando. Si, por el contrario, se reconoce que la conservación de los ecosistemas es una condición indispensable para el bienestar de las futuras generaciones, será posible construir un modelo distinto.

San Martín se encuentra hoy ante una decisión histórica. Puede continuar recorriendo la ruta de la expansión permanente sobre sus bosques o convertirse en un referente de desarrollo verdaderamente sostenible para el país.

Lo que está en juego no es solamente la supervivencia de los árboles. Está en juego el agua que beberán nuestros hijos, los alimentos que consumirán nuestras ciudades, la estabilidad climática de toda la región y el futuro de una de las mayores riquezas naturales del Perú.

Todavía estamos a tiempo de actuar. Pero cada hectárea que desaparece nos recuerda que el reloj sigue avanzando.