El caso revela fallas en la recepción de la obra, aplicación de penalidades y supervisión, además de debilidades en los controles internos de la municipalidad.

La Contraloría General de la República (CGR) identificó un perjuicio económico de S/ 296 529 en la Municipalidad Distrital de Yuracyacu, provincia de Rioja, como consecuencia de diversas irregularidades detectadas durante la ejecución y supervisión de la obra de mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de la I.E. Teobaldo Segundo López Chumbe N.° 00543, proyecto que finalmente fue recibido pese a encontrarse inconcluso y con observaciones pendientes de subsanar.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 005-2026-2-0470-AC, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre de 2021 y enero de 2024, la comisión auditora determinó que el comité de recepción permitió recibir la obra sin que se hubieran levantado las observaciones formuladas previamente, situación que además estuvo acompañada de la no aplicación de las penalidades correspondientes, ocasionando un perjuicio de S/ 14 720 para la entidad.

La auditoría también estableció que la penalidad por mora aplicada al contratista ascendió a S/ 871 609, pese a que, según los cálculos efectuados por la Contraloría, correspondía aplicar S/ 938 901. La diferencia de S/ 67 292 representó otro perjuicio económico para la municipalidad.

A ello se sumó un desembolso de S/ 53 495 por concepto de mayores gastos generales derivados de una ampliación de plazo, pese a que el propio contratista había renunciado voluntariamente a dicho pago, según lo señalado en el informe de control.

El mayor impacto económico identificado corresponde a S/ 161 022, monto relacionado con la actuación de funcionarios que no aplicaron penalidades al supervisor por incumplimientos vinculados con la ausencia de personal clave y deficiencias en las medidas de protección y señalización de seguridad. Asimismo, la comisión auditora detectó que se gestionaron pagos por prestaciones de supervisión que no habrían sido ejecutadas.

Más allá de los montos observados, la Contraloría identificó debilidades en los mecanismos internos de la Municipalidad Distrital de Yuracyacu, debido a que la entidad no cuenta con directivas o lineamientos que establezcan con claridad los procedimientos para la aplicación de penalidades, aprobación de adicionales, deductivos y reducciones, así como para la liquidación de contratos de obras y supervisión. Esta situación, advirtió el órgano de control, eleva el riesgo de interpretaciones arbitrarias y dificulta una adecuada vigilancia de los recursos públicos.

Como resultado de las acciones de control, la Contraloría encontró presunta responsabilidad civil, penal y/o administrativa en seis funcionarios y comunicó los resultados al titular de la Municipalidad Distrital de Yuracyacu, a fin de que se adopten las acciones que correspondan. El caso vuelve a poner en evidencia que una obra pública no termina con su entrega formal: la calidad de la ejecución, la correcta supervisión y el uso transparente de cada sol público también forman parte de la responsabilidad de las autoridades.