¿Cuándo se entenderá que el ambiente sostiene la economía? No existen fórmulas mágicas, ni ser expertos, los resultados están a la vista. 

En San Martín, la deforestación no es una cifra perdida en un informe técnico. Se siente cuando el agua escasea, cuando una chacra produce menos y cuando un agricultor necesita abrir nuevas tierras para sostener su economía.

La pregunta que deja la Política General de Gobierno es incómoda: ¿cómo se puede hablar de desarrollo sin hablar de bosques, agua y productividad agrícola?

Hay una pregunta que debería acompañar cada proyecto de carretera, cada hectárea de cultivo y cada decisión sobre infraestructura en la Amazonía: ¿qué pasará con el agua?  Con el agua de los ríos que vemos correr, con aquella que nace, se infiltra, se almacena y se regula en los bosques.

En San Martín, esa pregunta dejó de ser una preocupación exclusiva de ambientalistas. Es una pregunta para quien vive de la agricultura, para quien abre un caño en su casa y para quien espera que la próxima campaña agrícola tenga suficiente agua. Por eso, cuando se revisa la Política General de Gobierno, el problema no está únicamente en cuánto se menciona al ambiente, sino en cuánto se entiende que el ambiente sostiene la economía que el propio Gobierno quiere hacer crecer.

San Martín ofrece un ejemplo contundente. La región perdió 17 183 hectáreas de bosque en 2024, una cifra incluso superior a las 16 825 hectáreas perdidas en 2023. La tendencia no es nueva. Entre 2015 y 2024, la pérdida anual de bosque se mantuvo persistentemente en miles de hectáreas, mientras la cobertura forestal pasó de alrededor de 3,4 millones de hectáreas en 2015 a 3,2 millones en 2024. No se trata, entonces, de un problema que pueda resolverse con una campaña ocasional de reforestación o con un operativo de fiscalización. Es el resultado acumulado de una forma de ocupar y producir en el territorio.

Y aquí aparece una paradoja que la política pública todavía no termina de resolver. La agricultura necesita tierra, pero la agricultura también necesita bosques. Necesita agua. Necesita suelos fértiles. Necesita lluvias relativamente previsibles. Necesita polinizadores, biodiversidad y ecosistemas capaces de amortiguar los extremos climáticos. Cuando el bosque desaparece para ampliar la frontera agrícola, puede ganarse una parcela en el corto plazo, pero también se puede perder parte de la infraestructura natural que hace posible producir en el largo plazo.

Los documentos del propio Gobierno Regional de San Martín reconocen que la deforestación tiene múltiples causas y que la expansión agropecuaria está asociada a formas inadecuadas de uso de la tierra, al empobrecimiento de los suelos y a la ampliación de las áreas productivas. El diagnóstico regional es particularmente revelador: el modelo agropecuario actual presenta baja productividad, y esa baja productividad, combinada con la presión sobre el territorio, hace urgente transformar la producción para obtener mayores rendimientos por hectárea, conservar los suelos y reducir la deforestación.

Ahí está quizás una de las discusiones que menos espacio ocupa en el debate nacional: ¿por qué seguimos pensando que la única manera de producir más es tener más tierra?

Nadie parece preguntar con suficiente insistencia qué ocurriría si el Estado decidiera colocar en el centro de su política agraria una “real” revolución de productividad. Tecnificar las áreas de cultivo que ya existen. Mejorar semillas. Manejar mejor los suelos. Incorporar riego eficiente. Reducir pérdidas. Mejorar la asistencia técnica. Introducir agricultura de precisión allí donde sea viable. Recuperar tierras degradadas. Capacitar de manera permanente. Medir resultados. Supervisar. Y, sobre todo, producir más en la misma superficie.

La discusión no debería ser agricultura o bosque. Debería ser cómo lograr una agricultura suficientemente productiva para que el agricultor no necesite seguir avanzando sobre el bosque.

San Martín ya tiene experiencias que apuntan en esa dirección. En 2024, el Gobierno Regional de San Martín aprobó una hoja de ruta para una producción agropecuaria libre de deforestación y reconoció la necesidad de mejorar la asistencia técnica y la competitividad de sus productores. Incluso el discurso oficial regional ha planteado una idea poderosa: maximizar la producción en las chacras existentes para evitar el crecimiento de la frontera agrícola y el desbosque.

Pero una hoja de ruta no puede quedarse en el papel. El agricultor necesita que alguien llegue a su parcela y le diga cómo producir mejor, cuánto invertir, qué tecnología utilizar, cómo conservar el suelo, cómo administrar el agua y cómo mejorar sus rendimientos. Necesita que esa asistencia tenga continuidad y que el Estado pueda verificar si realmente funcionó. La asistencia técnica sin seguimiento se convierte en una visita; la tecnificación sin capacitación se convierte en una máquina; y una política agropecuaria sin supervisión puede terminar financiando prácticas que profundizan el problema que pretende resolver.

La cuestión del agua vuelve a aparecer allí. Cuando se deforesta una cuenca, no desaparecen solamente árboles. Se altera la capacidad del territorio para regular el agua. En una región donde la agricultura depende de ese recurso, el deterioro de las fuentes hídricas termina siendo también un problema productivo. Y cuando el agua comienza a faltar o pierde calidad, el costo no lo paga solamente el bosque: lo paga la ciudad, lo paga la familia que necesita agua para beber y lo paga el agricultor que necesita agua para producir.

Un ejemplo revelador se encuentra en el propio paisaje sanmartinense. En zonas donde la agricultura avanzó sobre los bosques, la pérdida de cobertura vegetal ha estado asociada a problemas de disponibilidad de agua y a transformaciones profundas del territorio. En contraste, experiencias de restauración muestran que recuperar vegetación puede contribuir a recuperar funciones ecosistémicas. Una experiencia de acuicultura en San Martín documentada por El País relata cómo una familia que transformó áreas degradadas volvió a plantar especies nativas, entre ellas 1 200 palmeras de aguaje, y observó la recuperación de fuentes de agua y fauna en su predio. La frase de uno de sus protagonistas resume una idea que la política pública debería tomar mucho más en serio: “cuando sembramos aguajes, sembramos agua”.

No significa que plantar árboles resuelva por sí solo la crisis hídrica. Significa algo más profundo: el territorio produce servicios que la economía suele contabilizar solo cuando desaparecen.

Por eso resulta insuficiente que la Política General de Gobierno hable de crecimiento agropecuario sin explicar cómo ese crecimiento será compatible con la conservación de las fuentes de agua y los bosques. Si el objetivo es elevar la producción, la pregunta inmediata debería ser: ¿con qué productividad por hectárea? Si se anuncia expansión agrícola, la pregunta debería ser: ¿en qué suelos, con qué disponibilidad de agua y bajo qué criterios ambientales? Si se destinan recursos a los productores, debería preguntarse: ¿qué resultados productivos y ambientales se exigirán a cambio?

El Gobierno promete reducción de trabas, pero también afirma que lo hará “sin rebajar las obligaciones ambientales y sociales”. El desafío será convertir esa frase en capacidades concretas de fiscalización, evaluación, prevención y remediación.

Porque si la inversión tiene cifras, la protección ambiental también debería tenerlas. ¿Cuántas hectáreas de bosques se evitará perder? ¿Cuántas se restaurarán? ¿Cuántas fuentes de agua serán protegidas? ¿Cuántos pasivos ambientales serán remediados? ¿Cuánto se reducirá la contaminación? ¿Cuánto aumentará la productividad agrícola sin ampliar la frontera? ¿Cuántas comunidades indígenas tendrán seguridad jurídica sobre sus territorios?

Son preguntas que deberían formar parte de cualquier balance serio del Gobierno.

La Amazonía no puede aparecer únicamente como un paisaje que debe conservarse. Es un territorio productivo, social y económico. Sus bosques regulan agua, almacenan carbono, sostienen biodiversidad y forman parte de la vida de comunidades indígenas y rurales. Su deterioro tiene consecuencias sobre la agricultura y sobre las ciudades.

Y en San Martín, donde el avance agropecuario ha sido uno de los factores de presión sobre el bosque, la respuesta no puede reducirse a decirle al agricultor que no deforeste.

Entonces, el cierre de esta reflexión es: “El verdadero desarrollo no consiste en ocupar más territorio. Consiste en aprender a producir mejor en el territorio que ya tenemos” Por: Beto Cabrera Marina.