La declaratoria de emergencia de la infraestructura educativa pública permitirá acelerar obras y priorizar a los colegios más vulnerables. El Pronied plantea construir 2000 nuevas instituciones e intervenir otras 3000 en los próximos cinco años, mientras las estructuras modulares ofrecerán una respuesta inmediata en las escuelas que no pueden esperar.

La emergencia de la infraestructura educativa pública a nivel nacional marca un punto de quiebre frente a una realidad acumulada durante años: miles de estudiantes continúan asistiendo a colegios con instalaciones deterioradas, sin mantenimiento adecuado y, en algunos casos, expuestos a condiciones que comprometen su seguridad y la continuidad de las clases.

La intención es atender primero a los colegios que durante años no recibieron mantenimiento y que actualmente presentan mayores necesidades.

La propuesta contempla respuestas diferenciadas según el estado de cada institución. Algunos colegios requerirán mantenimiento o rehabilitación, mientras otros necesitarán una intervención integral o una nueva infraestructura. La meta es construir 2000 nuevos colegios durante los próximos cinco años y realizar trabajos de refacción y recuperación en otros 3000 colegios.

Morales explicó que actualmente se desarrolla un proceso de identificación en las regiones para determinar qué instituciones requieren atención prioritaria. La estrategia busca poner el foco también en los colegios pequeños, rurales y alejados, que con frecuencia quedan fuera de las grandes inversiones.

En la selva, por ejemplo, se proyectan soluciones modulares adaptadas a las características del territorio y el clima.

El desafío será convertir las metas anunciadas en obras concretas y garantizar que la declaratoria de emergencia se traduzca en mejoras reales, pero también exige planificación, priorización y capacidad de ejecución, especialmente en las zonas donde estudiar en condiciones precarias se ha convertido en un riesgo cotidiano.