Las sentencias incluyen penas de hasta 35 años por explotación sexual de una adolescente y condenas por violencia contra mujeres y apropiación ilícita. Sin embargo, su ejecución permanece suspendida mientras se espera la ratificación de un órgano judicial superior.
El Ministerio Público informó que el Primer Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Cáceres, a través del fiscal adjunto Edwin Alonso Chávez Huaycho, logró que el Poder Judicial dicte cuatro sentencias condenatorias con prisión efectiva contra cinco personas, por distintos hechos delictivos ocurridos en Juanjuí.
La condena más grave recayó sobre Caroly Sajami y Simith Sajami, sentenciadas a 35 y 20 años de prisión efectiva, respectivamente, por el delito de promoción y favorecimiento de la explotación sexual de adolescente. Según la investigación fiscal, ambas habrían captado y organizado la actividad sexual de una menor en situación de vulnerabilidad en un local nocturno ubicado en el puerto Amberes, intervenido en 2024. Entre los elementos utilizados para sustentar el caso figuran pericias médicas y mensajes encontrados en teléfonos móviles.
En otro caso, Daniel Chacón fue condenado a 1 año, 10 meses y 2 días de prisión efectiva por agredir psicológicamente y amenazar de muerte a su conviviente. El hecho ocurrió en un domicilio del barrio Santa Rosa, cuando se encontraba en estado de ebriedad.
Asimismo, Jhon Rengifo recibió una condena de 1 año y 8 meses de pena efectiva por agresiones contra las mujeres. Según el Ministerio Público, el sentenciado, quien registra tres condenas previas por hechos similares, amenazó de muerte a su pareja simulando portar un arma de fuego en su vivienda del jirón Eduardo Peña Meza. La víctima presentó afectación psicológica con riesgo severo.
La cuarta sentencia fue impuesta contra Luz Becerra, condenada a 2 años de prisión efectiva por apropiación ilícita, luego de disponer de una motocicleta que le había sido entregada en calidad de préstamo y no cumplir posteriormente con el compromiso asumido para su compraventa. La resolución se produjo tras incumplir los acuerdos de devolución y desatender una carta notarial.
El Ministerio Público precisó que la ejecución de las cuatro sentencias permanece suspendida, debido a que está pendiente la ratificación por parte de un órgano judicial superior.
