Lo que ocurrió el 21 de setiembre de 2016 parecía entonces un episodio excepcional: 16 policías, 12 guardaparques y 3 fiscales fueron retenidos y maltratados durante una operación contra la tala ilegal en el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM).

Por: Beto Cabrera M

Casi una década después, mientras las investigaciones de aquel hecho siguen siendo una pregunta pendiente, nuevas áreas del bosque vuelven a ser deforestadas. La historia revela algo más profundo: el avance del tráfico y ocupación ilegal de tierras sobre áreas protegidas y el riesgo de que, en tiempos electorales, el territorio protegido termine convertido en moneda de cambio político.

El 9 de marzo de 2017, desde estas mismas páginas advertíamos sobre una situación que parecía caminar peligrosamente hacia el olvido. El título de aquella crónica fue “Protección Alto Mayo: Tierra de nadie”. Habían transcurrido apenas cinco meses desde uno de los episodios más graves ocurridos dentro del Bosque de Protección Alto Mayo, y ya entonces resultaba difícil entender la aparente inacción de las instituciones encargadas de proteger el territorio y hacer cumplir la ley, instituciones del Estado que parecían mostrar temor o falta de decisión frente a personas que actuaban al margen de la ley.

La pregunta de entonces vuelve hoy, casi diez años después, con mayor fuerza:¿qué pasó con las investigaciones?

Retrocedamos al 21 de setiembre de 2016. Ese día, un grupo de personas que se presentaban como “ronderos” retuvo a una delegación de 16 policías, 12 guardaparques y 3 fiscales, quienes participaban en una intervención contra la tala ilegal dentro del área natural protegida. No fue una simple protesta ni una discrepancia administrativa. Según los testimonios difundidos entonces, los funcionarios fueron privados de su libertad y sometidos a actos de humillación y violencia.

El entonces jefe del Bosque de Protección Alto Mayo, ingeniero Gustavo Montoya, relató que los 12 guardaparques fueron trasladados descalzos durante cuatro horas como forma de castigoy que tanto ellos como algunos efectivos policiales recibieron azotes. El episodio puso al descubierto una realidad que iba mucho más allá de aquella intervención: en determinadas zonas del bosque, la autoridad del Estado estaba siendo desplazada por grupos que pretendían imponer sus propias reglas.

Por entonces se estimaba que más de 250 familias se encontraban asentadas dentro del bosque de protección. Algunas reclamaban permanecer en el territorio y se oponían a los procesos de reubicación. El problema no era nuevo. Tampoco lo era la presión sobre una de las áreas naturales más importantes de San Martín.

En aquel contexto se informó que entre las personas identificadas por las autoridades como los presuntos implicados habían sido denunciados y que algunos aparecían posteriormente como “no habidos”, expresión que, en aquellos años, se convirtió en una de las respuestas recurrentes cuando se preguntaba por el avance de determinadas investigaciones.

Y aquí aparece nuevamente la pregunta incómoda:¿hasta dónde llegaron aquellas investigaciones y qué resultados concretos produjo el aparato de justicia?

Pero había antecedentes. En enero de 2017, el ingeniero Gustavo Montoya Gamarra había elaborado un informe sobre el accionar negativo de un grupo de pobladores de sectores como Candamo, Afluente, Jorge Chávez y El Carmen. La preocupación central era que en esas zonas no se garantizaba adecuadamente la presencia de los servicios del Estado y que determinados grupos de personas ejercían, en los hechos, una autoridad paralela.

El conflicto tenía además una dimensión económica. El Sernanp, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, había advertido sobre obstáculos a la entrega de materiales e insumos destinados a productores locales de café orgánico. El problema aparecía asociado a la exigencia de determinados habitantes de obtener títulos de propiedad dentro del bosque. La respuesta institucional era clara: no podía otorgarse propiedad privada sobre terrenos comprendidos dentro de un área natural protegida en las condiciones reclamadas.

¿Por qué importa tanto esta discusión?

Porque el Bosque de Protección Alto Mayo no es un terreno baldío esperando ser repartido. Es un ecosistema estratégico para San Martín. Su superficie supera las 340 mil hectáreas y cumple una función esencial para la regulación y provisión de agua utilizada por poblaciones de las provincias de Rioja y Moyobamba, además de conservar una extraordinaria biodiversidad.

Por eso, cada hectárea destruida no representa solamente árboles menos. Significa menos bosque, menos capacidad de regulación hídrica, pérdida de biodiversidad y mayor presión sobre un territorio que pertenece al patrimonio natural del país.

A lo largo de estos años también hemos contado historias diferentes: pobladores que aceptaron procesos de reubicación, familias que entendieron que conservar el bosque no significa abandonar la posibilidad de vivir dignamente y experiencias que demostraron que es posible conciliar la protección ambiental con alternativas económicas sostenibles. Pero esos esfuerzos chocan una y otra vez con una práctica mucho más peligrosa: la ocupación progresiva de áreas protegidas y la expectativa de que, con el tiempo, una ocupación ilegal pueda convertirse en un derecho adquirido.

Y es aquí donde aparece una palabra que debe decirse sin rodeos:tráfico de tierras.

Cuando se ocupa un área protegida, se desmonta, se quema, se instala una parcela y luego se pretende obtener reconocimiento, servicios o un título, se crea un incentivo perverso: primero se destruye el bosque y después se intenta legalizar la ocupación. Si el Estado termina cediendo ante esa presión, la conservación deja de ser una política pública y se convierte en una carrera entre quienes protegen el territorio y quienes esperan apropiarse.

El peligro aumenta cuando se aproximan períodos electorales. En estos momentos, la defensa del bosque puede convertirse en una incómoda moneda política.

Promesas, discursos, denominaciones de centros poblados, ofrecimientos de reconocimiento y otras formas de acercamiento a poblaciones asentadas en zonas sensibles pueden terminar alimentando expectativas que luego chocan con la legislación ambiental. Un área natural protegida no puede convertirse en botín electoral.

Y la historia vuelve a repetirse.

En agosto de 2026, casi diez años después de aquel episodio de 2016, efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (DIRMEAMB PNP), representantes del Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y personal de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de San Martín realizaron un operativo conjunto en el Bosque de Protección Alto Mayo.

Esta vez no hubo funcionarios retenidos. Pero hubo otra forma de agresión contra el Estado y contra el bosque: 6.5 hectáreas de cobertura boscosa habían sido deforestadas. La intervención se produjo en el centro poblado Rafael Belaúnde, distrito y provincia de Moyobamba. De acuerdo con la información difundida por la Policía Ambiental, durante el patrullaje conjunto se constató la destrucción de aproximadamente 6.5 hectáreas de bosque, generando un impacto significativo sobre los ecosistemas de esta zona tropical. La propia autoridad policial valorizó el área afectada en aproximadamente S/ 195,000.

Se trata de una cifra que ayuda a dimensionar económicamente el daño, pero que no alcanza a expresar su verdadero costo. Porque el bosque no es únicamente madera valorizable en soles. Es agua, suelo, biodiversidad, captura de carbono, regulación climática y seguridad para las poblaciones que dependen de sus servicios ecosistémicos.

La explicación oficial apunta a una práctica conocida: tala y quema para abrir terrenos destinados a agricultura migratoria informal o cultivos comerciales ilegales. Frente a ello, la Fiscalía ambiental inició las investigaciones penales destinadas a identificar, ubicar y sancionar a los presuntos responsables por delitos contra los recursos naturales. Y hay que decirlo con claridad: la investigación es indispensable, pero no suficiente.

El bosque necesita presencia permanente del Estado, inteligencia territorial, prevención, vigilancia, sanción efectiva y una política clara frente a las ocupaciones ilegales. Necesita también que ninguna autoridad, organización o dirigente transmita la idea de que destruir un bosque puede convertirse mañana en una vía para obtener reconocimiento, servicios o derechos sobre el territorio.

Hoy el dato oficial habla de 6.5 hectáreas destruidas y de un valor aproximado de S/ 195,000. Pero la verdadera dimensión de lo ocurrido no debería medirse solamente por la superficie afectada. Hay que preguntarse cuántas hectáreas más están siendo abiertas silenciosamente, quién las ocupa, quién las financia, quién comercializa lo producido y, sobre todo, qué ocurre después con quienes son encontrados destruyendo el bosque.

Por eso, la pregunta de marzo de 2017 conserva toda su vigencia: ¿qué pasó con las investigaciones de aquel secuestro? Y hoy debemos agregar otras: ¿quiénes son los responsables de estas nuevas 6.5 hectáreas deforestadas?, ¿qué medidas concretas adoptará la Fiscalía?, ¿qué hará el Sernanp?, ¿qué hará el Gobierno Regional?, ¿cómo se impedirá que el área vuelva a ser ocupada y deforestada?

No basta con fotografiar el desastre. No basta con levantar actas. No basta con anunciar investigaciones.

El Bosque de Protección Alto Mayo no necesita discursos: necesita autoridad. Y la autoridad se demuestra cuando el Estado llega, protege, investiga, sanciona y permanece.

Porque si cada temporada electoral aparecen nuevas promesas sobre territorios protegidos y cada año aparecen nuevas hectáreas deforestadas, la historia ya no sería una sucesión de hechos aislados. Sería la evidencia de un problema estructural: la conversión de las áreas naturales protegidas en territorios de disputa política y económica. El Bosque de Protección Alto Mayopertenece a todos. Su agua sostiene a más de 280 mil personas, su biodiversidad forma parte del patrimonio natural de San Martín y su protección no puede depender del cálculo de ningún candidato, dirigente o funcionario.

Lo que hoy se quema para ganar una hectárea mañana puede convertirse en el agua que falte para miles de familias. Defender el bosque no es estar contra la gente: es defender el futuro de la gente.

La pregunta queda nuevamente sobre la mesa ¿esta vez habrá responsables y sanciones?