El legislador de Juntos por el Perú será investigado durante 125 días hábiles tras una denuncia por presunta violencia física y psicológica.
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar una investigación contra el legislador de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, a raíz de una denuncia presentada por su expareja por una presunta agresión física y psicológica.
La decisión fue adoptada durante la segunda sesión ordinaria del grupo de trabajo, luego de una denuncia formulada por el diputado de Renovación Popular, Christian Aranda. La investigación tendrá un plazo de 125 días hábiles, periodo durante el cual se realizarán las diligencias correspondientes y se recogerán los descargos del parlamentario cuestionado.
El presidente de la Comisión de Ética, Henry Albañil Carmona, confirmó que el caso fue aprobado de manera unánime y que Pérez Mallqui será citado para ejercer su derecho a la defensa.
“Hoy, en segunda sesión ordinaria, hemos aprobado por unanimidad el caso del diputado Julián Pérez Mallqui para que se pase a investigación”, señaló Albañil.
La denuncia contra el legislador se conoció a pocas semanas del inicio de la actual legislatura y generó cuestionamientos políticos debido a la gravedad de las acusaciones. Según los reportes difundidos sobre el caso, su expareja denunció haber sido víctima de violencia, tras lo cual Pérez Mallqui habría quedado detenido.
El episodio también puso bajo escrutinio a Juntos por el Perú, debido a la reacción de la organización política frente a las acusaciones contra uno de sus representantes.
A este caso se suman cuestionamientos relacionados con antecedentes judiciales atribuidos al parlamentario. De acuerdo con información difundida previamente, Pérez Mallqui habría recibido una sentencia por un accidente de tránsito ocurrido en Pichari, provincia de La Convención, Cusco, en el que resultaron atropelladas una madre y su hija.
Asimismo, se ha señalado que, tras recuperar su libertad, el legislador habría buscado a los padres de la menor y les habría ofrecido trabajo a cambio de que desistieran de acciones legales. Estos hechos deberán ser corroborados por las autoridades competentes y no forman parte necesariamente de la investigación ética actualmente aprobada.
Ahora, la Comisión de Ética deberá determinar si existen responsabilidades y, de corresponder, establecer las medidas previstas en el reglamento.
